La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que la inversión de más de 900.000 euros en la eliminación de barreras físicas y sensoriales en las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana, así como otras iniciativas como la del facilitador de los juzgados, las unidades de Atención Social o el servicio de lectura fácil han servido para "garantizar que ni el entorno ni las prestaciones de la Administración de Justicia sean inaccesibles para las 318.381 personas con diversidad funcional que viven en la Comunitat Valenciana".
Bravo se ha expresado en estos términos durante su intervención en la reunión del Foro Justicia y Discapacidad que se ha celebrado este jueves, donde también ha destacado que la Comunitat Valenciana ha sido la primera autonomía "en configurar un modelo propio de Justicia accesible e inclusiva que ya es un referente". Tanto es así que, según ha recordado la consellera "en el momento en el que se promulgó la Ley 8/2021 -por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica-, algunas de las medidas que incluía esta norma ya estaban implantadas en nuestros juzgados".
El Foro Justicia y Discapacidad fue constituido en 2017 y en él están representados, además de la Generalitat, los operadores jurídicos y las asociaciones y entidades de personas con discapacidades. Entre sus funciones está la formulación de propuestas para mejorar la accesibilidad de la Administración de Justicia en las tres provincias.
Tal y como ha recordado la consellera, fruto de este foro fue el informe donde se detallaban disfunciones en accesibilidad en 33 sedes judiciales valencianas para las que se diseñó y se está ejecutando un plan de eliminación de barreras con una inversión de 900.000 euros para adaptar entradas, ascensores y aseos. También se han instalado bucles magnéticos para ayudar a las personas con discapacidad auditiva y dispuesto itinerarios y señalización accesible visual, acústica y táctil de todos los servicios judiciales.
En este sentido, la consellera ha asegurado que "a finales de 2023" habrán finalizado las reformas de adaptación de 23 edificios y, dos años después, "habrán concluido las obras de las 33 sedes que señalaba el informe" con lo que todas las instalaciones judiciales de la Comunitat Valenciana serán completamente accesibles.
Pero, además de las barreras visibles, la consellera ha hecho hincapié en la necesidad de eliminar también las invisibles. En este sentido, ha destacado la creación de la red de Unidades de Atención Social (UAS) como un recurso que ofrece orientación, información y asesoramiento en materia social tanto a los órganos judiciales como a la ciudadanía y que cuenta con personal especializado en atención a personas con discapacidad.
La primera UAS se puso en marcha en València en 2019 y el servicio se ha extendido a Alicante y Castellón. También se está dotando a las fiscalías de nuevos profesionales de trabajo social con un presupuesto, para 2022, de 369.000 euros para la creación de 10 puestos de apoyo a las fiscalías provinciales para ofrecer atención integral en los procedimientos judiciales.
Por otra parte, la consellera ha destacado el trabajo realizado por el Servicio de Lectura Fácil que, durante 2022, ha adaptado 32 sentencias, 20 autos y 27 comunicaciones judiciales entre decretos, diligencias, providencias y cédulas de emplazamiento.
"Este modelo valenciano de Justicia Inclusiva y Accesible, que hace cinco años existía sólo en el papel, ahora es una realidad gracias a los 6,1 millones de euros que hemos invertido para hacerlo posible", ha concluido Gabriela Bravo.