La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado una inversión de 6,1 millones de euros para articular el Modelo Valenciano de Justicia Inclusiva y Accesible para eliminar todas las barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas que obstaculizan o dificultan el acceso a los tribunales para las personas con diversidad funcional. El Modelo se estructura en cinco ejes y doce líneas de actuación.
Así lo ha anunciado la consellera este martes en el acto de presentación del Modelo en València en el que han participado el decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Comunitat Valenciana, Luis Vañó, la presidenta de Plena Inclusión, Marian Ferrús, y la fiscal decana autonómica para Personas con Discapacidad, Ana María Lanuza.
Tal y como ha explicado la consellera, "aunque la legislación defienda los derechos de las personas con discapacidad, la existencia de entornos o servicios inaccesibles para ellas suponen una vulneración". Para Bravo, el Modelo "cubre todos los ángulos para conseguir una Justicia inclusiva: desde el más obvio, como la eliminación de las barreras arquitectónicas en todas las sedes judiciales de las tres provincias al más sutil como la puesta en marcha de programas para la accesibilidad cognitiva como el servicio del facilitador de los tribunales o el de lectura fácil de sentencias".
En este sentido, la consellera ha animado a la Judicatura a unirse a estas iniciativas ya que "si es responsabilidad de la Generalitat el poner más recursos para ofrecer mejor servicio a la ciudadanía, también los operadores jurídicos están concernidos a utilizarlo para conseguir una mejor Administración de Justicia para todos y todas".
El modelo recoge que el servicio de lectura fácil de sentencias que se puso en marcha como experiencia piloto en Castellón se puede solicitar ya en las sedes judiciales de València y Alicante. Esta ayuda se canalizará a través de las unidades de atención social que contarán también con personal facilitador que harán de nexo entre las personas con diversidad funcional que lo necesiten y la Administración de Justicia para que este colectivo comprenda su participación en los procesos judiciales que le afecten. A esto hay que unir la creación de plazas de refuerzo para la Fiscalía de profesionales especializados en Trabajo Social en las tres capitales de provincia.
El Modelo incluye reformas en 33 sedes judiciales para eliminar las barreras arquitectónicas y sensoriales. Estas disfunciones se han detectado, además de en las tres capitales de provincia, en los juzgados de Vinaròs, Nules, Segorbe, Massamagrell, Montcada, Requena, Quart de Poblet, Catarroja, Picassent, Carlet, Elda, Dénia, Benidorm, Novelda, Sant Vicent del Raspeig, Orihuela y Torrevieja. Estos proyectos se unen a la instalación de 90 bucles magnéticos que reducen el sonido ambiente que perciben las personas con audífonos o implantes cocleares.
Además, se contempla la puesta en marcha de Servicios de Orientación Jurídica especializados para atender a las personas con diversidad funcional que serán completamente gratuitos, lo mismo que la Mediación y la atención específica para este colectivo por parte de la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. También, se potenciará la formación especializada de las plantillas de la Administración de Justicia y, en colaboración con la Universitat de València, se elaborará una guía que contenga todos los recursos que tienen a su disposición las personas con discapacidad intelectual.
Para Gabriela Bravo, este proyecto "es una consecuencia más de esa intolerancia hacia la desigualdad que caracteriza la acción política del Consell que, desde el primer momento, centró su gestión en el cuidado de las personas y en la protección constante de sus derechos y libertades para que cualquiera -independientemente de sus condiciones- sea el resultado de sus decisiones y no el producto de sus circunstancias".
En las tres provincias viven más de 310.000 personas con diversidad funcional, sensorial o cognitiva que representan al 6,2% de la población. "Para ellos y ellas se ha diseñado este modelo de gestión integral de la Administración de Justicia que garantiza los derechos de todas las personas con discapacidad funcional".