La lucha contra la violencia de género es una de las principales características entorno a la que han girado las políticas del Botànic desde su llegada a la Generalitat Valenciana en 2015. Concretamente, ese mismo año se invertían un total de 7,6 millones de euros para combatir esta lacra, cifra que se ha multiplicado por cuatro en este tiempo, llegando a los 28,3 millones de euros que el presupuesto autonómico destinará el próximo 2022.
Así lo destacaba ayer la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en su comparecencia en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes para presentar las cuentas de su Conselleria para el año 2022. Unas cuentas que por primera vez en la historia supera los 2.000 millones de euros, llegando a los 2.199 millones de euros, y que, según explicaba, reflejan una forma de afrontar la crisis distinta de la que hubo en la gran recesión de 2008.
Romper con el contexto de violencia
Dentro de esta apuesta, Oltra incidía en que “la garantía de una vida independiente es fundamental en la lucha contra el machismo y la feminización del empobrecimiento”. En este sentido destacaba la importancia del acuerdo con la Conselleria de Vivienda por el cual se destinará el 10% de las viviendas del parque público a mujeres víctimas de violencia de género. “Una de las palancas para romper con el contexto de violencia es disponer de una vida independiente y saber que hay una Administración que cuidará y protegerá”, afirmó la vicepresidenta.
Asimismo, la consellera recordaba que en el 2015 se invertían 7,6 millones de euros en ayudas, centros y programas de atención directa a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, cifra que llegará a los 28,3 millones de euros el próximo año.
Concretamente, en el marco del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista se acordó una inversión anual de 12 millones. Para el 2022, con un incremento del 6,4% respecto al 2021, el presupuesto previsto es de casi 30 millones. “Hemos más que duplicado el compromiso anual con las feministas valencianas”, destacaba ayer Oltra, aseverando que “de los 60 millones que teníamos que invertir en los cinco años de duración del pacto, finalmente hemos invertido 108 millones de euros, es decir, un 81% más del compromiso”.
En el caso de las ayudas directas para las mujeres víctimas en las diferentes tipologías, en 2015 había 438.000 euros mientras que el 2022 habrá 2.775.000 euros. Esto significa multiplicar por seis las ayudas directas e indemnizaciones.
También como novedad, destaca la dirección pública de los centros Mujer 24 horas, con una directora y una auxiliar administrativa como primer paso para recuperar para la administración pública esta red privatizada. Y hay que destacar que la red de viviendas y centros para mujeres víctimas se ampliará en 41 plazas.
Por último se va a implementar el programa ALBA, con más de un millón de euros, para la atención itinerante y recursos para la salida de mujeres víctimas de la explotación sexual en el ámbito de la prostitución o trata.
Los presupuestos más altos de la historia de la Generalitat
Los presupuestos autonómicos del próximo 2022 que se incrementan en un 9,1% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra “histórica” de 27.967,5 millones de euros. Estas cuentas públicas se convierten, así, en las más altas de la historia siendo, además, las más sociales al superar, por primera vez, la barrera de los 17.000 millones de euros (17.300,83 millones de euros) de inversión en Sanidad, Educación, Igualdad, Vivienda y Empleo.
El nuevo presupuesto impulsado por el Consell es “expansivo y transversal” tal y como reconocía la propia Mónica Oltra la pasada semana durante la presentación del proyecto de presupuestos, “reforzando el Estado de Bienestar e impulsando la economía en un año clave”. Las cuentas están diseñadas para “consolidar la recuperación económica, fortalecer el escudo social e impulsar la inversión”. Además, incorporan políticas públicas que permiten una modernización estructural respecto a la transición ecológica y digital, justicia social y económica e igualdad de género.