Los candidatos a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y Ciudadanos (Cs) encuentran un 'frente de batalla' electoral en discriminar el valenciano como lengua vehicular. Para Isabel Bonig, en consonancia con el líder nacional, "pedir el requisito del valenciano a los funcionarios es seguir el juego al independentismo". Toni Cantó aboga por eliminar la obligación de saber valenciano en la comunidad en que se habla porque cree "en la igualdad".
Desde la formación del Govern del Botànic, un debate que se creía superado ha vuelto a resurgir. Desde la derecha valenciana -PPCV, Cs y la ultraderecha de Vox-, vuelve a citarse un supuesto conflicto sobre la diferenciación del valenciano y el catalán y, además, sobre la eliminación del primero como requisito para acceder a una plaza pública en una comunidad bilingüe.
Lo que proponen eliminar ambos candidatos, sin embargo, es algo con relevancia nacional. En Galicia, gobernada por el PP de Alberto Núñez Feijóo, como se detalla según la propia Xunta, "el conocimiento del galego es un requisito para el acceso a un puesto de trabajo en la Administración pública, según se establece en la Ley de función pública", igual que en la Comunitat Valenciana.
Este requisito también va más allá del PP. En Euskadi, Navarra, Catalunya, e Illes Balears se exige el conocimiento de la lengua propia para poder trabajar en el servicio público. Incluso en la Val d'Aran, donde se habla la lengua minoritaria Aranés, es también obligatorio conocer el idioma.
"Juego al independentismo"
Según Bonig esta propuesta es importante porque, entre otras cosas, el castellano está "en peligro" en la Comunitat, como aseguró en una entrevista en TVE. Eso pese a que según la última encuesta de Conocimiento y Uso Social del Valenciano, en zonas valencianoparlantes donde la lengua está más presente, sólo el 11,7% arranca siempre en valenciano a la hora de hablar con alguien por la calle.La candidata ha prometido en varias ocasiones que con el PPCV "habrá libertad", y parte de esa libertad es, asegura, eliminar "el requisito lingüístico". Ha recordado en varias ocasiones que no debe ser requisito como en Catalunya o Balears, y es que, según aseguró el pasado año, "pedir el requisito del valenciano a los funcionarios es seguir el juego al independentismo". Algo que no se plantea con Galicia, por ejemplo.
Las propuestas de la popular valenciana están en consonancia con la Ley de Lenguas que propone el candidato del PP a la presidencia del gobierno, Pablo Casado. Con esta norma, el valenciano pasaría a ser lengua de la administración y no habría exigencia de conocer el idioma propio de un lugar para trabajar en ella. Señala, incluso, la obligatoriedad de que el castellano sea vehicular en toda la educación.
Cantó, aunque desde su formación, tiene una línea muy parecida. Argumenta que con el Govern del Botànic hay una "imposición" del valenciano en el día a día y también un "adoctrinamiento" en la escuelas valencianas. Igual que Bonig, propone que el valenciano no sea nunca un requisito y que sea mérito, cuya puntuación variaría según la oposición. El candidato de ciudadanos, sin embargo, marca distancias con los populares a los que acusa de "discriminar el castellano" durante sus anteriores gobiernos en los que se instauró el requisito lingüístico.
Las propuestas de ambos partidos son contrarias al Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que en el artículo 9.2. detalla que "los ciudadanos valencianos tendrán derecho a dirigirse a la Administración en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada". El Estatut también señala la obligación de equiparar ambas lenguas oficiales y, por ello, contempla medidas de discriminación positiva mientras se de esta desigualdad, como son los requisitos lingüísticos. Según Alfons Esteve i Gómez, Jefe Técnico de la Dirección General de Política Lingüística de la Universitat de València, para que "todo el mundo pueda ejercer su derecho a ser atendidos en valenciano" debe haber, necesariamente, gente capaz que "atienda esos derechos", lo que resulta en esos requisitos.
La Ley de Lenguas de Casado
El líder del PP, Pablo Casado, hablo de una nueva "Ley de Lenguas" que impulsaría en caso de gobernar. Una nueva ley, asegura, para evitar que los idiomas cooficiales sean un elemento discriminatorio: "La lengua no puede ser un elemento excluyente. Es algo a aplicar en toda España para garantizar la movilidad funcionarial".Su propuesta tiene 4 ejes principales: castellano como lengua vehicular en toda la educación española; que el castellano sea el idioma utilizado en todas las administraciones públicas; que el conocimiento de una lengua cooficial no sea requisito fundamental en las oposiciones; y, por último, que toda la señalización de tráfico se realice en castellano. Propone volver a la situación de los años 70.
Además del idioma de las señalizaciones, que son entendibles en cualquier idioma de forma ajena al texto en base a estándares internacionales, la propuesta de Casado choca con la Constitución Española.
Según detalla el Director General de Política Lingüística Rubén Trenzano, "el artículo 2 de la Constitución y la Ley del Estatut dicen que hay dos lenguas oficiales y ninguna puede estar por encima", como sostiene Casado -y desde el PPCV, Cs y Vox- con el castellano sobre el valenciano.