Con la llegada a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón ha impulsado el conocido como “Plan Simplifica”, una hoja de ruta con la que pretende impulsar la eficiencia administrativa desde diferentes vertientes.
Una de ellas ha sido la reducción de la “grasa” administrativa reduciendo a la mitad el número de asesores del gobierno valenciano. Concretamente, se han eliminado el 47% de los puestos de asesores, pasando de 116 del Botànic a 61, suponiendo un ahorro superior a los 13 millones de euros que, junto a la bajada de otros 30 altos cargos permitirá disponer de 20 millones de euros adicionales durante la legislatura.
Dentro de este camino hacia una simplificación de la administración se está trabajando en poner fin a la eterna problemática de la burocracia mediante una agilización de los trámites.
El ingeniero en Telecomunicaciones Francisco Ortega ha sido la persona elegida por el president Mazón para liderar la dirección general de Simplificación Administrativa, dependiente de Presidencia, área que se encargará de este cometido.
Esta dirección general permitirá coordinar, de forma transversal, la reducción y eliminación de trámites y pasos prescindibles, facilitando, por un lado, la reducción de la espera y, por otro, que el demandante sepa en todo momento en qué paso y momento se encuentra su trámite, mejorando exponencialmente la relación entre administración y ciudadanía.
Objetivo: “papeles cero”
El área de Justicia será una de las más beneficiadas de estas políticas. Precisamente, la pasada semana, el jefe del Consell anunciaba el impulso de medidas de simplificación administrativa dentro de la estrategia transversal en la que está ya trabajando de forma prioritaria el Consell, porque, tal y como señalaba, la consecución del objetivo de “papeles cero” es fundamental para garantizar la “independencia real” de la Justicia.
Tal y como considera Mazón, la Administración de Justicia lleva “demasiados años” con “promesas no cumplidas” y “sin ningún avance” en la meta de “papeles cero”. Por ello, mostraba su disposición a revertir esta situación contando en el proceso con la participación de los colegios profesionales y del conjunto de operadores jurídicos, y buscando su implicación y su corresponsabilidad.
Para lograr la “independencia real” hay que acabar con la “dependencia burocrática”, afirmaba el president, ya que “no se puede ser independiente cuando lo primero de lo que se depende es de la burocracia” y ello desemboca en “lentitud” y en “colapso”, finalizaba.