Son muchas las entidades y colectivos vecinales que llevan tiempo denunciando la situación insostenible que se está viviendo en la gran mayoría de los barrios de la ciudad: un crecimiento exponencial de apartamentos turísticos, que no solo han encarecido el precio de la vivienda expulsando a los vecinos, sino que han creado problemas de convivencia; ligado al aumento desorbitado de los precios del alquiler lo que dificulta, especialmente a los jóvenes, el acceso a una vivienda digna.
Ante este escenario, Valencia será el epicentro, esta semana, de dos protestas vecinales que pedirán una regulación efectiva y un mayor control sobre los apartamentos turísticos. Es el caso de la convocada por los vecinos de la calle José Roca Coll para este jueves, día 17 de octubre, a las 19:00 horas, donde se creará una cadena humana para exigir al Ayuntamiento de Valencia que frene la construcción de 24 pisos turísticos en los bajos comerciales de un bloque de edificios en la zona de Nou Patraix; y de la manifestación convocada por la plataforma ‘València no està en venda’, que será el sábado, 19 de octubre, a las 18:00 horas, desde las Torres de Serrano.
Esta última convocatoria pretende ser multitudinaria, ya que no solo participan los colectivos Acció Cultural del País Valencià, Assemblea Feminista, Associació Inquilins Vivenda Pública, Ca Revolta, Cabanyal Horta, Comissió Ciutat Port, CSN, Cuidem La Raïosa, El Bac, EntreBarris (Assemblea de Barri de l’Olivereta, Cuidem Benimaclet, CSOA L’Horta, La Saïdia Comuna y Veïnat en Perill d’Extinció), Independent, Informació Obrera, Joves d’Acció Cultural, Joves de Russafa, Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, La Mataobras, Maricuir, Mi pisito imposible, PAH València, Per L’Horta, Plataforma per Russafa, Sindicat d’Habitatge y Teixint Patraix; sino que se han sumado los partidos de la oposición.
Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han alentado a la ciudadanía a sumarse a esta manifestación – tras la marcha multitudinaria que tuvo lugar el fin de semana pasado en Madrid – que reivindica “una regulación efectiva del alquiler y de la compraventa de vivienda; un parque de vivienda digno y sin caducidad mediante el aprovechamiento de los inmuebles existentes; la prohibición de los apartamentos turísticos; el cese de la entrada de cruceros; y una normativa que regule la distribución de alojamientos destinados al turismo”.
Como apuntaba el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, “tiene que ser histórica”. Así, criticaba que “desde que se anunció el Plan Vive para la construcción de vivienda pública, hace seis meses, los ayuntamientos han cedido un total de cero metros cuadrados a la Generalitat. Mazón no puede seguir de perfil ante el problema de acceso a la vivienda”. Por eso, Muñoz ha acusado al president de la Generalitat de no aplicar la Ley estatal de Vivienda para limitar los alquileres y fijar zonas tensionadas, y le ha instado a decidir “si está del lado de los especuladores o de la gente normal que necesita una política valiente”.
“En 8 años, el Botànic construyó cero viviendas sociales”
La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, no solo ha recordado que “durante los ocho años del Govern del Botànic se construyeron cero viviendas sociales”, sino que ha criticado que el síndic socialista en Les Corts llame a la participación “en una manifestación como las del pasado fin de semana en Madrid y Barcelona en las que la misma ministra de Vivienda alentaba a no pagar los alquileres. ¿Qué es lo que se pretende?”, ha preguntado Camarero.
Así, como contraposición al Botànic, la vicepresidenta ha señalado que para el actual gobierno valenciano el problema de la vivienda “es un tema muy serio”. En este sentido, ha puesto en valor las acciones que se han impulsado, como el Plan Vive al que, en menos de un año, ya se han adherido 260 ayuntamientos de todos los colores políticos para construir vivienda pública. De hecho, ha avanzado que “antes de que termine el año, se habrá licitado las primeras 1.500 viviendas de las 10.000 programadas”.
Asimismo, ha recordado que, en los últimos tres meses, la Generalitat ha avalado más de 256 operaciones por valor de dos millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes de la Comunitat Valenciana a su primera vivienda; y se ha aprobado la reserva del 40 % de las viviendas de nueva construcción para los jóvenes y con un precio por debajo del mercado.
Las “medidas” de Sánchez
Por último, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha puesto en duda las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este punto, ha recalcado que “ha quedado demostrado el fracaso de unas políticas como la Ley de Vivienda, que no solo da más seguridad jurídica a los okupas, sino que ha quedado demostrado que en aquellas comunidades donde se han topado los precios del alquiler, como Cataluña, 21.000 viviendas han salido del mercado y el precio de la vivienda ha subido en un 12,7 % en los pisos más baratos”.
Además, ha apuntado que “la única respuesta a este drama social que estamos viviendo ha sido el bono de alquiler joven de Sánchez que no ha aumentado ni un solo euro en los últimos años”. Ante esto, ha continuado Camarero, “el gobierno de Carlos Mazón ha incrementado esta ayuda con 9 millones de euros para que llegue a más jóvenes. Somos la única comunidad autónoma, junto con Cataluña, que hemos puesto fondos propios consiguiendo que se beneficien 5.640 jóvenes”.
Camarero ha instado a los partidos de la oposición a que se dejen de “partidismos. El problema de la vivienda en un asunto de estado, y así debería ser tratado. Desde aquí, les pido que se pongan del lado del gobierno valenciano, que nos ayuden a que sus ayuntamientos cedan suelo para que el Plan Vive sea todo un éxito y que nos ayuden a pedir fondos europeos en vez de alentar movilizaciones cuando ni hicieron ni dejaron hacer nada en ocho años; porque todo el mundo sabe que el problema de la vivienda no viene de los últimos meses, sino de la inactividad que se ha producido en los últimos años”, ha concluido la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.