La Jefatura de la Policía Nacional de Valencia ha comunicado a todas las comisarías de la provincia que a partir de ahora deberán tener “al menos un agente que pueda atender en valenciano”. En la orden remitida, la institución reconoce “el régimen de cooficialidad de las dos lenguas, castellano y valenciano” y por ello estipula que “no se debe cuestionar nunca el derecho de los valencianos a que se les atienda en su idioma”.
Por ello, la ordenanza reconoce que los agentes individualmente no están obligados a conocer el idioma, pero la institución sí que tiene la obligación de garantizar el derecho a que los ciudadanos sean atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
En este sentido, la Jefatura dispone en la orden que “en la medida de lo posible, cada turno cuente al menos con un agente que pueda atender en valenciano”. En caso de que esto no sea posible, se podrá requerir la presencia de un Policía de otro servicio o, en el caso más extremo “emplazar cortésmente al ciudadano para que compadezca en el plazo más breve posible” en el que pueda hacer uso del servicio en valenciano.
Del mismo modo, esta misma directriz también recuerda que las comisarías cuentan con diversos modelos de formulario en valenciano, tanto en sus Oficinas de Denuncia como en las de Documentación. Además, la Jefatura recuerda que también se puede pedir la expedición del DNI en este idioma.
La medida, que es extensiva a todas las áreas de la Policía Nacional, hace hincapié especialmente en las oficinas de documentación y en la atención de emergencias a partir del 091.
Quejas de Plataforma per la Llengua
La ordenanza propuesta desde la Jefatura Superior de la Policía tiene su origen en una queja formal que presentó Plataforma per la Llengua en la Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana.Concretamente, destaca el caso de una ciudadana que quiso presentar una denuncia en valenciano en una de las comisarías de la capital, por un caso de fraude en su tarjeta bancaria. Al parecer, la situación generó una gran tensión con el agente que la atendió, a pesar de que ella le propuso hablar en valenciano y traducirle todo aquello que no entendiese.
A este respecto, la Plataforma defendió que los ciudadanos tienen derecho a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, y que los funcionarios tienen la obligación de garantizar este servicio, incluso aunque pertenezcan a la Administración General del Estado. Del mismo modo, también recuerda que la no atención en valenciano a los ciudadanos que así lo deseen, sobre todo en casos sanitarios o de emergencia, está recogido en el Estatuto de Autonomía como discriminación.