El cuerpo de Policía Nacional adscrito a la Generalitat Valenciana pondrá vigilancia durante 24 horas a mujeres que estén en riesgo extremo de ser víctimas de violencia machista, una medida que se verá acompañada con la intención de que los abogados de oficio no puedan defender a un maltratador después de haber asistido a la víctima.
Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en su primera comparecencia de la legislatura en Les Corts para desgranar sus líneas maestras hasta 2023. Entre ellas destaca un "ambicioso" plan que pretende contrarrestar el "terrorismo machista" con más recursos, coordinación y formación.
Para proteger a las víctimas, la Generalitat desplegará a los agentes de la unidad adscrita de Policía durante las 24 horas a las mujeres con riesgo de sufrir una agresión machista, siempre que lo determine la autoridad judicial y ella lo consienta. También facilitará gratuitamente el traslado de ellas y sus hijos a sedes judiciales o servicios sociosanitarios. "Las víctimas no están ni estarán solas", ha garantizado Bravo.
En cuanto a los abogados, el Consell aspira a que el turno de oficio especializado en violencia machista llegue a todas las organizaciones colegiales y tenga carácter exclusivo, con lo que un mismo letrado no podrá defender a un maltratador tras haber atendido a una víctima. Y en formación, ampliará la oferta especializada con el Gobierno, universidades, colegios y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Paralelamente, propondrá al Gobierno la apertura de tres oficinas de denuncias especializadas en violencia machista en Castelló, Alicante y la localidad alicantina de Elche, después de que hace cinco meses abriera la de la Ciudad de la Justicia de València con más de 257 atendidas (137 de ellas han interpuesto denuncia).
La titular de Justicia ha defendido las medidas con cifras: 35.000 condenas a agresores en 2018, un año en el que "lloramos a 48 asesinadas pese a que solo denunciaron el 20 por ciento". En 2019 se contabilizan 40 crímenes, seis en la Comunitat, lo que eleva la cifra total a 1.023 desde que empezaron a registrarse en 2003. "Es el mal medido en toda su aterradora y vergonzosa magnitud; una estadística de infamia que no podemos consentir y no lo vamos a hacer", ha enfatizado.
DIEZ JUZGADOS AL AÑO
Más allá de violencia machista, en Justicia, el Gobierno valenciano exigirá al Ministerio la creación de 40 nuevas unidades, diez cada año hasta 2022, para que la Comunitat supere su "déficit histórico", algo que Bravo ha garantizado que reclamará "gobierne quien gobierne" en La Moncloa.El Consell quiere que el Plan de Infraestructuras sea una realidad, con la construcción de palacios de justicia en Alicante, la Vila Joiosa y Orihuela (Alicante), Alzira, Llíria, Gandia, Xàtiva y Torrent (Valencia), proyectos en licitación o redacción que se suman a los de la localidad alicantina de Villena y la valenciana de Sagunt.
También pretende rehabilitar los de Ontinyent (Valencia), Torrevieja (Alicante) y Vinaròs (Castellón) y la sede del TSJCV, mejorar la eficiencia de todos, reformar 22 oficinas de asistencia a víctimas del delito e instalar cámaras 'Gessel' en los juzgados de Alicante, Castelló y Vila-real (Castellón) como las de València para "evitar la doble victimización" especialmente de los menores.
Otras medidas son el inicio del expediente digital para reducir "de manera ostensible" el papel, instalar "los más modernos programas de inteligencia artificial" en colaboración con el CGPJ y facilitar especialistas en contabilidad a jueces y fiscales en su labor contra la corrupción, junto a un aumento de la justicia gratuita y la mediación. Los abogados de oficio serán "los mejores pagados" de España con la revisión de retribuciones.
Bravo ha hecho hincapié en la defensa a las víctimas del terrorismo, que "saben que ni están ni estarán solas", y se ha comprometido a continuar trabajando de la mano de las asociaciones para paliar "la deuda con nuestro pasado más dramático". "Memoria, verdad y justicia deben ser parte nuclear de una democracia valenciana madura y plural", ha exclamado.
"MÁXIMO" DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS
En Función Pública, la meta es que la nueva ley valenciana suponga "la adecuación de la administración al XXI", junto a las plazas para abordar el envejecimiento y la interinidad --prevé situarla al 12%-- con 6.027 nuevas cuando finalicen las oposiciones de 2018 y 2019, más las convocadas en 2020 con "el máximo que permitan las tasas de reposición".Como novedad, la creación de un instituto tecnológico y una escuela superior de la administración pública y la ampliación del 'Programa 500' para becar a jóvenes opositores tras el "éxito" de la primera convocatoria. También apuesta porque sea "la legislatura de la transformación digital" con la oficina de la simplificación administrativa hasta llegar a reducir en un 20% cualquier trámite.
MÁS POLICÍA AUTONÓMICA
En Interior --nuevas competencias que ha prometido asumir con "gran responsabilidad"--, la Generalitat exigirá al Gobierno que el cuerpo adscrito de Policía pase de los 392 agentes actuales a los 500 establecidos y aumente hasta 600 en 2023 para hacer frente a la despoblación, con nuevas comisarías y comisiones bilaterales con las diputaciones. En València pretende abrir una comisaría en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y reabrir la de la estación de metro de Colón.Y en Emergencias, el objetivo es hacer frente a fenómenos naturales "cada vez más virulentos e imprevisibles" por el cambio climático, mediante una estrategia valenciana de Protección Civil y un nuevo edificio para el Centro de Coordinación del 112 en L'Eliana (Valencia) con más infraestructuras y tecnología.
En todos los frentes, Bravo ha prometido "cambios irreversibles" tras los urgentes desde 2015, si bien ha reconocido que "serán insuficientes". "La democracia española tiene una deuda con la justicia para adecuarla al XXI. Seguimos con un modelo obsoleto, arcaico, diseñado para la España rural del XIX", ha lamentado, y ha llamado a que el Botànic II permita "acabar con aquel triste periodo de incompetencia, despilfarro y corrupción".
LA OPOSICIÓN PIDE QUE EL VALENCIANO NO SEA REQUISITO
Por parte de la oposición, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox han exigido que el valenciano no sea un requisito en la nueva ley de función pública. El 'popular' Alfredo Castelló ha descrito a Bravo como la "'compliance officer'" del Botànic II y ha criticado el "silencio" ante el plan de ajuste previsto por el Consell y la "situación límite" de las policías locales.Vicente Fernández (Cs) ha recriminado que "hable de terrorismo como consellera del PSOE, después de entregar Navarra a Bildu" y ha asegurado que los recursos en violencia machista se limitan a biombos en algunos casos. Y de Vox, José María Llanos ha afeado la brevedad del discurso y una "elefantiasis legislativa propia de dictaduras comunistas".
Del Botànic, tanto Compromís (Nathalie Torres) como Unides Podem (Estefanía Blanes) han pedido "acabar con cualquier discriminación lingüística" y dignificar el turno de oficio, "especialmente feminizado". La primera también ha lamentado la masculinización en altos cargos.
En su réplica, Bravo ha negado las críticas de que la Generalitat pretenda una "policía política", ha asegurado que la Comunitat es "referente" y la que más destina al turno de oficio en España y ha sacado pecho del paso de 80 a 500 funcionarios de refuerzo desde 2015, así como de la "sede digna" donde está ahora el TSJCV.