Coincidiendo con el Seminari de Govern – Tardor 2020 celebrado a lo largo de este fin de semana en la localidad valenciana de Ayora, el Ple del Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para el próximo ejercicio 2021.
El texto recoge un amplio abanico de medidas fiscales, sociales o de impulso económico que guiarán la actuación del Consell durante el próximo año en el que se priorizará la lucha contra la crisis provocada por la pandemia, y, en concreto, se prevén beneficios fiscales para quienes residan en municipios en riesgo de despoblación, para afectados por ERTE que han recibido la ayuda adicional de la Generalitat, para mujeres víctimas de violencia de género, o para quienes realicen donaciones relacionadas con la COVID-19, entre otros.
Además, se recupera el Institut Valencià d'Estadística (IVE) como organismo autónomo encargado de elaborar y gestionar estadísticas con independencia y neutralidad operativa, y se modifica la composición del Comité Valenciano para los Asuntos Europeos para dar entrada a profesionales independientes de reconocido prestigio.
El texto, que prevé modificar de forma parcial 39 leyes y un decreto ley, ha sido presentado al Consell para su aprobación, tras haber sido sometido a información pública. Posteriormente, será remitido al Consell Jurídic Consultiu (CJC) y al Comité Econòmic i Social (CES) para recabar sus preceptivos informes, antes de continuar su tramitación en Les Corts.
Del mismo modo, el proyecto contempla la recuperación del Institut Valencià d'Estadística (IVE) organismo autónomo administrativo, adscrito al departamento competente en materia de estadística de interés de la Generalitat, que desarrollará el Plan Valenciano de Estadística desde el compromiso con las mejores prácticas, la racionalización de recursos y transparencia de la gestión pública.
Grosso modo, las medidas fiscales se centran en tres pilares: la lucha contra el despoblamiento, ayuda a las víctimas de violencia de género, explotación sexual o trafico de personas así como las energías verdes.
Medidas contra el despoblamiento
Con el fin de impulsar el desarrollo de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana, así como propiciar su sostenibilidad social se contempla la creación de una deducción autonómica de 300 euros para los contribuyentes que durante el periodo impositivo residan en algún municipio en riesgo de despoblamiento. Está cantidad se verá incrementada en otros 120 euros si las familias tienen un hijo, en 180 euros si se tienen dos hijos y 240 si se tienen tres, de forma que una familia numerosa podrá beneficiarse de una deducción de hasta 540 euros.De esta manera, el Consell cumple con lo acordado en el Seminario de Gobierno celebrado en Montanejos, en el cual se acordó generar un nuevo escenario de tributación autonómica en zonas despobladas o en peligro de despoblamiento.
Asimismo, se introduce como novedad que los servicios de transporte regular de uso especial contratados por la Administración, tales como el transporte escolar, puedan ser utilizados por otros usuarios en determinadas circunstancias.
Se trata, de este modo, de atender los problemas de desplazamiento y movilidad de los habitantes de zonas rurales o de difícil acceso, garantizando al mismo tiempo una mayor economía de medios.
Por otro lado, el anteproyecto de ley contempla deducciones del 30%, hasta los 6.000 euros, para aportaciones en el capital efectuadas por los socios en favor de sociedades de capital y cooperativas de nueva creación siempre que se trate de una actividad no ejercida con anterioridad y se cree empleo.
La medida pretende promover la creación de nuevas actividades económicas, especialmente en municipios en riesgo de despoblamiento, ya que en estas zonas la deducción se incrementará en un 15%, hasta el 45%, con el límite de 9.000 euros. Del mismo modo podrán beneficiarse de las deducciones del 45% las aportaciones para pymes innovadoras.
Apoyo a víctimas de violencia de género
Entre las medidas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, destaca la deducción autonómica en el IRPF por arrendamiento de la vivienda habitual, equiparándolas como beneficiarias a otros colectivos que ya disfrutan de estas deducciones, como son las personas jóvenes o con discapacidad.Estas deducciones van del 15% con un límite de 550 euros, al 20% con el límite de 700 euros, y en el caso de ser mujeres de hasta 35 años y/o con discapacidad, la deducción se eleva hasta el 25%, con el límite de 850 euros.
Asimismo, se introduce una reducción del 95%, hasta 60.000 euros, en transmisiones dirigidas a las donaciones en metálico que tengan por finalidad ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género a adquirir su vivienda habitual. En este caso, la beneficiaria no podrá ser titular de otra vivienda excepto que sea la que compartía con la persona agresora.
Otra de las medidas recoge la incorporación de las mujeres víctimas de violencia de género dentro de los colectivos beneficiarios de un tipo de deducción del 4 por ciento en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas en la adquisición de viviendas que vayan a constituir su vivienda habitual. También podrán beneficiarse de este tipo de deducción las familias monoparentales.
También se contemplan en el proyecto de Ley ayudas a los familiares de mujeres víctimas de violencia de género para sufragar los gastos derivados del sepelio; y el incremento de la Renta de Garantía de Inclusión Social en 320 euros para las mujeres víctimas de explotación sexual o tráfico de personas que se comprometan a seguir un itinerario de inclusión social para salir de la situación de prostitución.
Medidas COVID-19
El anteproyecto de Ley de Medidas también introduce deducciones para compensar la mayor carga fiscal en el IRPF experimentada por las personas que reciben ayudas de la Generalitat por estar afectadas por un ERTE, o por haber reducido la jornada laboral para conciliar la vida familiar y profesional durante el estado de alarma, y que de esta manera no tengan que pagar en el tramo autonómico de la declaración de la renta por haber recibido las ayudas.Otra de las nuevas deducciones beneficiará a quienes realicen donaciones dinerarias dirigidas a financiar programas de investigación, innovación, desarrollo científico o tecnológico en el campo del tratamiento y la prevención de la COVID-19 realizadas en favor de determinadas entidades. Estas deducciones serán del 20% para los primeros 150 euros, y del 25% para el valor restante.
Asimismo, se crea una deducción por contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por la crisis sanitaria, sea en metálico o en especie, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto Ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la COVID-19.
Por otra parte, el Institut Valencià de Finances (IVF) también introduce modificaciones normativas que le permiten bonificar el coste de los avales otorgados por la SGR a las pymes, así como ampliar los destinatarios de la financiación del banco público incluyendo por primera vez a las organizaciones sindicales y empresariales.
Con estos cambios, el IVF pretende seguir apoyando al tejido productivo valenciano profundamente afectado por la situación generada por la COVID-19, ya que los préstamos bonificados y demás líneas de financiación que el instituto ofrece han demostrado ser un instrumento útil para promover actividades económicas en los distintos sectores productivos y poder hacer frente a la actual crisis.
Medidas medioambientales
Entre las medidas del ámbito medioambiental, cabe destacar la creación del Fondo Autonómico de Economía Circular, que se desarrolla en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de febrero, de Residuos y Suelos Contaminados y de las directrices de la Unión Europea en materia de residuos sólidos.El Fondo de Economía Circular tiene como objetivo mejorar la gestión de residuos y favorecer los proyectos y procedimientos orientados a la prevención de acuerdo con el principio de que el mejor residuo es el que no se genera.
El fondo financiará inversiones y gastos en materia de prevención de residuos, reutilización y reciclaje de alta calidad, recogida selectiva y compostaje, implementación de infraestructuras de triaje previo y valorización material de residuos, así como fórmulas de educación ambiental local como herramienta de reducción de residuos.
El Fondo de Economía Circular tendrá un carácter finalista y se nutrirá con la recaudación del impuesto de residuos destinados a vertedero así como de la tasa sobre incineración, coincineración y valorización energética, que pagarán las empresas explotadoras de los vertederos.
Asimismo, entre las medidas medioambientales destaca la nueva deducción autonómica en el IRPF del 10% para incentivar la adquisición o electrificación de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos de movilidad personal, y el aumento del porcentaje de la deducción por donaciones con finalidad ecológica, que pasa del 20 al 25% a partir de los primeros 150 euros.
Por otro lado, se bonifica el 50% de la cantidad a abonar en concepto de acceso y estancia en aguas portuarias para barcos que utilicen gas natural para su propulsión en alta mar, o gas natural o electricidad suministrada desde el muelle para las estancias en el puerto.
En cuanto a la pesca y la ganadería, se producen diferentes adaptaciones a la normativa comunitaria, como en el caso de las condiciones de alimentación, espacio, luz y ventilación de las explotaciones ganaderas, con el fin de mejorar el bienestar animal.
Asimismo, se prohíbe también en la pesca marítima de recreo la tenencia, transporte o almacenamiento de peces de talla o peso inferior a lo establecido en la reglamentación internacional, comunitaria o estatal.
Por último, se establece la obligatoriedad de que los propietarios de los terrenos forestales incendiados los restauren cuando no sea previsible su regeneración a medio plazo, y se prevé el desarrollo reglamentario de un protocolo de actuaciones en este sentido.