FSIE, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, propone a la Conselleria de Sanidad y a la de Educación que se coordinen para aprobar un plan de vacunación para los profesionales educativos porque son un colectivo que "está día a día en primera línea y asumen un gran riesgo sanitario".
En un comunicado, reclama que estos trabajadores sean considerados como personal de riesgo en la campaña de vacunación y que se realicen test para "evitar una cascada de contagios" y conocer el estado actual de la pandemia después de las fiestas navideñas.
Su principal petición es coordinar un calendario y un protocolo de vacunas entre la comunidad educativa y la Generalitat "lo antes posible", con el objetivo de proteger a los trabajadores del sector y acotar la posibilidad de nuevos brotes. El Forum Educatiu Valencià sería, a su juicio, el lugar oportuno para recibir el plan pormenorizado.
FSIE recuerda así que los trabajadores de los centros "asumen diariamente un gran riesgo sanitario, por lo que deberían tener a su alcance la posibilidad de vacunarse al ser un colectivo fundamental para la sociedad y para la conciliación familiar y laboral".
"La incidencia del virus registrada en las últimas semanas en la Comunitat hacen necesaria una acción firme y decidida que asegure la protección de unos profesionales que lo están dando todo para que un pilar fundamental de la sociedad siga en marcha. No se les puede pedir que lo arriesguen todo, y no darles protección".
El sindicato también ve necesario que la Conselleria de Educación informe a los miembros del foro de los datos sobre el número de docentes infectados en el primer trimestre, por edades, y los necesarios para suplir estas bajas. Y al igual que pidió al inicio de curso, que se hagan los test pertinentes para "conocer en qué situación partimos después de las fiestas".
Y defiende que, después del primer trimestre del curso 2020-2021, queda "más que demostrada" la necesidad de un profesional sanitario en los centros educativos para detectar, controlar y vigilar cualquier brote o incidencia relativa a la COVID-19. Una medida que permitiría reducir la presión sobre la atención primaria y aligerar el peso que soportan otros profesionales.