El colectivo Per l'Horta se ha manifestado este domingo para reclamar el traslado de la torre eléctrica proyectada en la partida de Saboya, en el término municipal de Alboraya (Valencia), como parte de la ampliación de la V-21. Ha exigido la mediación de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, así como una actuación "más decidida" del Ayuntamiento de Alboraya y la Generalitat Valenciana.
Miembros de esta organización, así como los propietarios de cultivo afectado, se han congregado alrededor de las 11 horas junto a la torre con pancartas en las que han reivindicado que "l'horta és vida' (la huerta es vida).
Per L'Horta ha denunciado que la "agresión" a la huerta "continúa" con las obras de la ampliación de la V-21 iniciadas en octubre de 2018, una "afección" que, ha advertido, "en un futuro próximo se puede ver agraviada por el acceso norte al Puerto y la primera plataforma del AVE València-Barcelona por medio de la huerta".
Per l'Horta ha explicado que hace pocos días les llegó una denuncia por parte de unos propietarios que advertía que la demarcación de carreteras del Ministerio "pretende trasladar una torre eléctrica de alta tensión próxima a la V-21 a la parte central de un campo en plena producción".
En este sentido, ha subrayado que los usos de la huerta de València marcan que las torres eléctricas se tienen que instalar a los bordes de los campos, donde "el perjuicio para el propietario es menor" y han apuntado que "los propietarios del campo, que no se niegan a la instalación de la torre, así lo han indicado durante todo el procedimiento".
Asimismo, ha lamentado que "aún así, presentando alegaciones en cada una de las fases del procedimiento de expropiación, la demarcación de carreteras se ha limitado a argumentar que no van a modificar el proyecto, mientras que el propietarios defienden que el traslado de la torre unos metros es técnicamente viable y además alejaría la torre de las viviendas más próximas".
"El pasado jueves 9 de julio, ignorando las alegaciones de la familia propietaria de los terrenos, los operarios de OHL procedieron a abocar y extender tres o cuatro camiones con graba, arcilla y piedras para terraplenar no solo los cuatro metros cuadrados expropiados, sino también el tramo de acceso, de unos 10 metros de longitud", ha explicado.
Una operación que paralizaron los propietarios al presentarse para denegar el acceso al campo en presencia de la Guardia Civil, según ha informado Per l'Horta. En este contexto, el pasado viernes continuaron la vigilancia del campo en compañía de un grupo de voluntarios "para impedir la instalación y forzar la reubicación de la torre".
Desde el colectivo han denunciado que el vertido de tierras "ha echado a perder la calidad, la estabilidad y el nivel del campo y, por tanto, la productividad y calidad de las futuras cosechas". "Esta agresión se entiende dentro de un contexto de desatención generalizada del Ministerio de Transportes a las necesidades de las labradoras y labradores que mantienen en producción los campos limítrofes a las obras", ha señalado el colectivo.
La organización ha criticado que el Ministerio de Transportes "no está haciendo un seguimiento directo, ni siquiera velando por el cumplimiento del Plan de Obras, que establece como prioritario la reposición de acequias y de los caminos de acceso a los campos de cultivo limítrofe a las obras".
Algo que, según la asociación, "está generando cuantiosas molestias entre los agricultores afectados, que en ocasiones han visto cerrados los accesos a sus campos de cultivo, o han perdido turnos de riego por la tardanza en la reposición de las acequias". "Por ejemplo, conozcamos el caso de un labrador que no pudo cosechar todas sus chufas por los desniveles generados por los movimientos de tierra de las obras. En otros casos, les ha tocado rehacer los márgenes de manera provisional para evitar sorregadas a falta de una infraestructura segura", han agregado.
"LEY DE EXPROPIACIÓN FRANQUISTA"
Por otra parte, Per L'Horta ha remarcado que "la expropiación para el levantado de la torre eléctrica y otras vejaciones causadas por la ampliación de la V-21 hacen recordar la necesidad de una revisión de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 para hacer frente a las desigualdades de poder generadas entre la administración, que en nombre del interés general de las obras puede cometer todo tipos de abusos sobre la parte expropiada"."La norma, creada en los años 50 para satisfacer las políticas urbanísticas de la dictadura franquista, se puede considerar poco democrática, puesto que provoca la total indefensión de los propietarios ante la administración", han censurado, y han añadido que "en este caso, la familia ha alegado en cada uno de los procedimientos pero sus alegaciones, que su claramente de justicia, han sido ignoradas y si se levanta la torre tan solo les quedará el recurso de los tribunales, que siempre compuerta cuantiosas gastos".
Finalmente, han reclamado la mediación "inmediata" de la Delegación de Gobierno que, "frente a la prepotencia y la falta de voluntad negociadora de la demarcación de carreteras, tiene que hacer prevalecer el sentido común". Por otro lado, han exigido que la administración local y autonómica "recuerde a la Delegada del Gobierno, Gloria Calero, principal responsable política como delegada del Ministerio de Transportes, la necesidad de respetar a los productores de la huerta".
"Somos conscientes que la Ley de l'Horta de València no es competente en el marco de un obra estatal, pero la Generalitat en casos como este tendría que recordar en el gobierno central que la huerta está protegida por leyes autonómicas y por tanto velar por que las afecciones fueron las mínimas. Es absurdo añadir más daños a los que ya provoca la polémica ampliación de la V-21", han finalizado.