Per l'Horta ha pedido la paralización completa del Plan General Estructural del municipio de Alboraia, que "prevé la recalificación de 264.000 metros cuadrados de huerta", porque "tiene como propósito escondido pagar con huerta la deuda municipal acumulada por las políticas urbanísticas depredadoras de los años de la burbuja inmobiliaria".
Así lo ha indicado la asociación mediante un comunicado, en el que denuncia que el PGE "carece del preceptivo informe de Costas y de la CHJ y no se cuantifica la oferta actual de suelo urbanizable". "El actual PGE representa una continuidad del PGOU heredado del PP, basado en un crecimiento exagerado tanto a la huerta como al litoral de Alboraia", han aseverado.
Por ello, en su escrito de alegaciones al plan, denuncian que la reclasificación de suelos se producirá "sin acreditar la necesidad ni el interés general que son preceptivos". "Es inaceptable saldar las deudas de las irregularidades urbanísticas de gobiernos anteriores acabando con la forma de vida de decenas de labriegos y labradoras y con el valioso patrimonio natural que queda al municipio", han manifestado.
Asimismo, critican que el plan "pretende justificar la construcción de casi 3000 viviendas nuevas basándose en estimaciones de crecimiento de la población desfasados -de hace una década- y erróneos, considerablemente superiores a los de los últimos años".
ALBORAIA YA TIENE 1.995 VIVIENDAS VACÍAS
"El crecimiento acumulado los últimos años, según datos del INE, es de un tercio del que indica el PGE de Alboraia. De hecho, en los últimos 10 años tan sólo en tres se ha registrado un incremento poblacional por encima del 1%. El propio PGE menciona, además, la existencia de 1.995 viviendas vacías en Alboraia, lo que hace todavía más injustificable la construcción de las viviendas previstas, que incrementaría la población del municipio en más de un 30%", han criticado.Desde la asociación han considerado que el PGE, "iniciado por el Partido Popular y que ahora tratan de desarrollar los socialistas, carecía de la justificación suficiente para la reclasificación de suelo de huerta no urbanizable y protegido a suelo urbanizable".
Argumentan que el Ayuntamiento de Alboraia "está obligado legalmente a justificar con rigor el interés general de la reclasificación y, en cualquier caso, la desprotección del suelo debe de limitarse a aquel estrictamente imprescindible y del cual se pueda acreditar pormenorizadamente la necesidad, cosa que no se cumple en el PGE de Alboraia".
Por ejemplo, prevé la ampliación del polígono industrial que "actualmente se encuentra infrautilizado". También perjudica a los vecinos del Centro Histórico "con un catálogo de bienes y espacios protegidos discutido por las asociaciones vecinales".
Per l'Horta critica que el Ayuntamiento "se límite ahora, ante las presiones sociales, a establecer una mera ampliación del plazo de alegaciones en lugar de abrir un proceso real de participación ciudadana -que además es preceptivo-, reclamado por todas las Asociaciones Vecinales de Alboraia y aprobado por todos los partidos de la oposición en el pleno del pasado 26 de septiembre".
"FALTAN DOCUMENTOS DE OBLIGADA APORTACIÓN"
Además, han denunciado que "faltan documentos de obligada aportación como el informe de la Administración de Costas, que se debería de emitir debido a la concentración de buena parte de los espacios residenciales en el frente litoral"."Tampoco consta el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la administración competente que tiene que informar sobre la disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas derivadas de los cambios al planeamiento".
Finalmente, "tampoco se encuentra entre la documentación sometida a información pública el imprescindible informe sobre el estado de ejecución del planeamiento vigente, ni la cuantificación de la oferta de suelo existente susceptible de ser urbanizado o edificado". "Este es un parámetro imprescindible para determinar la necesidad, o no, de recurrir a nuevas reclasificaciones, tal y cómo exige la legislación urbanística", han manifestado.
"El documento del PGE está plagado de incoherencias, datos desfasados y referencias erróneas a los planos que aporta. Todo esto hace cuestionables muchas de las determinaciones que contiene. El PGE que pretende aprobar el Ayuntamiento de Alboraia incurre en otras importantes infracciones normativas como la del principio de precaución o cautela en materia de medio ambiente, que impone a las autoridades competentes la obligación de adoptar las medidas apropiadas para prevenir riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente", han aseverado.
REFORMA DE PORT SAPLAYA
Por otra parte, Per l'Horta también ha reclamado que se declare "la caducidad del Plan de Reforma Interior UE2 de Port Saplaya, donde el Ayuntamiento pretende construir 865 de las nuevas viviendas previstas en el PGE, a pesar de reconocer allí mil viviendas vacíos y a pesar de la alta peligrosidad geomorfológica señalada al plan autonómico de riesgo de inundaciones, Patricova".Así, la asociación busca que que se reconsidere el tratamiento del frente litoral de Alboraia -donde se acumula el 70% de la edificación prevista-, se controlen sus usos actuales y se limite su crecimiento por los riesgos medioambientales previsibles.
Per l'Horta señala además, en sus alegaciones, "un supuesto de desviación de poder, puesto que al rescoldo del PGE y gracias a este, la Junta General de la Sociedad pública Egusa, formada por los regidores del consistorio", ha podido ofrecer a la empresa Quabit "un borrador de acuerdo que servirá para pagar los más de 26,3 millones de euros que la empresa municipal debe a la immobiliaria a expensas de reactivar una antigua operación immobiliaria y seguir saturando el frente litoral de la localidad".
En conclusión, Per l'Horta pide retrotraer las actuaciones a su punto de inicio, para llevar a cabo, en primer lugar, "un proceso de participación pública efectivo -que el actual plan no contempla a pesar de que es preceptivo-, mediante el cual se puedan evaluar las diferentes alternativas para satisfacer las necesidades reales de la población". A partir de un documento de consenso, "se pediría una nueva evaluación ambiental y un nuevo plan que salvaguardo la huerta actualmente amenazada por el PGE, reduciendo al mínimo imprescindible la construcción sobre esta".