La asociación ecologista Per L'Horta pretende mantener las acciones judiciales contra la ampliación a tres carriles de la autovía V-21 en el tramo Carraixet-València, en la provincia de Valencia, hasta la "paralización definitiva" del plan.
También exige que "los terrenos vacantes que integran la calificación de ZAL (Zona de Actuación Logística) 'fantasma' sirvan como elemento de conexión verde entre el parque natural del Túria y el de l'Albufera", así como la recuperación para uso público de esos terrenos mediante "un acuerdo entre las administraciones implicadas y la sociedad civil".
Después de que el Ministerio de Fomento haya dado luz verde de forma definitiva al expediente de información pública del proyecto y haya ordenado la expropiación de los terrenos necesarios, Per L'Horta espera obtener "la paralización judicial de cualquier intento de construir en la ZAL mientras se sustancie el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)".
Hasta entonces, recuerda que el recurso que interpuso contra la aprobación del Plan Especial de la ZAL del puerto de València sobre suelo de huerta protegida fue admitido a trámite por el TSJCV el pasado 27 de febrero, con lo que denuncia que "la administración autonómica está demorando la remisión del expediente completo que permitirá dar curso al procedimiento judicial".
Ante esta situación, explica que se dirigió recientemente al alto tribunal valenciano para solicitar que reclame a la Conselleria de Política Territorial que complete el expediente administrativo para poder formalizar la demanda contra el Plan Especial de la ZAL del puerto de València.
"RECLASIFICACIÓN DE MÁS DE 700.000 M2"
Se trata de una operación que Per L'Horta lamenta que "supuso la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola y que ya fue dos veces anulada por decisiones judiciales". La primera, "por sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009", y la segunda, "por el propio TSJCV en su sentencia de 13 de marzo de 2013, confirmada de nuevo por el Supremo por sentencia de 25 de mayo de 2015"."Con estos antecedentes judiciales, existiendo un auto del TSJCV de admisión a trámite de un nuevo recurso contencioso, es incomprensible que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no haya paralizado el concurso para la adjudicación de las parcelas de la ZAL, aunque solo fuera por un elemental principio de cautela con el objeto de no perjudicar intereses de posibles empresas interesadas".
El colectivo ecologista afirma que ve "peor todavía la actitud poco colaborativa de la Conselleria, que está demorando la remisión del expediente reclamado por el TSJCV, retrasando así la formalizaciónde la demanda".
Por todo ello, asegura que "la admisión de un nuevo contencioso evidencia la inviabilidad de la ZAL y la inseguridad jurídica para las potenciales empresas inversoras". También advierte que "la negativa del puerto a una paralización cautelar pone en riesgo inversiones y calidad ambiental" y critica que la Generalitat "se demora de forma injustificada al remitir el expediente completo de la ZAL al TSJCV". Pero, a su juicio, "antes o después, el recurso seguirá su curso".
Y advierte: "Si la autoridad portuaria mantiene la posición de no paralizar cautelarmente el plan de la ZAL, y la sentencia es favorable a la huerta, como lo han sido ya dos sentencias anteriores del Supremo y otras tantas del TSJCV, Territorio abocará las potenciales empresas inversoras a un futuro incierto con un proyecto que podría quedar paralizado definitivamente en un corto plazo y, máxime terrible, habrá echado a perder la posibilidad de una recuperación del entorno natural de La Punta que podría haber evitado".
PARCELAS "PARADAS CASI 20 AÑOS"
Sobre las parcelas de la ZAL, alerta que "salen ahora a concurso en la modalidad de derecho de superficie, no en compraventa" y recuerda que "llevan paradas desde hace casi 20 años y la APV pagó un desorbitado precio a la empresa pública estatal SEPES, promotora de la expropiación urgente de los terrenos".Según Per L'Horta, esto supone que "las empresas interesadas tendrán que abonar un canon mensual, durante un periodo mínimo de 15 años, además de costear la construcción de las edificaciones e instalaciones que precisan para el desarrollo de la actividad".
Todo ello, "en una situación jurídica de absoluta inseguridad, puesto que el contencioso presentado sigue adelante". "Resulta difícil de entender la obstinación de la autoridad portuaria de intentar comercializar de cualquier manera una ZAL que, por su ubicación, reducida dimensión y problemas legales, resulta del todo inoperante, tal como ha demostrado el transcurso del tiempo y la ausencia de interesados".
Mientras tanto, critica que la APV "se desprende de suelo estratégico en Parc Sagunt (Valencia), una zona mejor situada desde el punto de vista territorial y con mejores expectativas para la inversión".
En general, lamenta que "en el litigio plantea la incompatibilidad entre las ambiciones del puerto de València, de cuestionable beneficio público, y la calidad de vida, la seguridad ambiental y la saludde las personas que habitan en València". "En sus cuentas de beneficios, el puerto no contabiliza el enorme coste que sus actividades depredadoras tienen para la ciudad", sentencia Per L'Horta.