El fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, representante del ministerio público en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto de un fallido hospital en Haití, ha presentado este lunes en la segunda sesión de cuestiones previas pactos de conformidad o preacuerdos todavía por concretar con un total de 16 acusados de los 24 que se sientan en el banquillo.
Entre los procesados que están en disposición de presentar próximamente un acuerdo con Fiscalía se encuentran el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, los dos principales acusados.
Según ha explicado Carrasco en su primera intervención, se han alcanzado "preacuerdos de conformidad" entre cinco de los acusados y todas las partes acusadoras, incluido el ministerio público, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular, representada por la Coordinadora Valenciana de ONGD. Estas conformidades se presentarán el próximo lunes 20 de mayo.
Este preacuerdo afecta a los acusados Luis Freire, Carlos Andrés Chust, Miguel Ángel Climent Estruch, Alberto Pampin y Rosa Castedo, a los que se podría unir José Bollarín, cuyo pacto hasta el momento no incluye a la Coordinadora de ONGD.
Existe otro tipo de acuerdos que ha definido como "pendientes de concretar", tras el "cierto grado de aproximación" alcanzado, con al menos otros seis acusados, pero estos pactos se cerrarían entre estos procesados, Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, pero no con la Coordinadora.
Este es el caso del ex director general de la Conselleria, José María Felip; la ex secretaria general Agustina Sanjuán; Alfonso Navarro; María Isabel Castillo; el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder y, en caso de que su situación no cambie, José Bollarín.
Finalmente, Carrasco ha anunciado "conversaciones avanzadas" para lograr un acuerdo de conformidad entre Anticorrución con otros cinco acusados: Blasco; los empresarios hermanos Augusto César y Arturo Tauroni; el ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y Alina Lisenko.
Además, la letrada de la Abogacía de la Generalitat también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo con otro de los procesados, Fernando Cañete, al que solo acusa esta parte. Por su parte, el abogado de la Coordinadora, Raúl Vidal, ha asegurado que "no se va a firmar ningún tipo de acuerdo de conformidad más".
ENTREGA DE UN BAJO
Tras estas intervenciones, el abogado Javier Boix, en representación del exconseller de Solidaridad, ha presentado la escritura de compra-venta de un bajo de València de titularidad de la familia de Blasco, tasado en más de 400.000 euros y cuyo "valor comercial" ha apuntado que se estima en unos 600.000, aunque pesa sobre esta propiedad una hipoteca de alrededor de 13.000 euros que habría que descontar del valor total. Este inmueble serviría para cubrir parte del montante que Blasco debe devolver a la Generalitat.
En su turno, el letrado de Augusto César Tauroni también ha defendido la dación en pago o la entrega de bienes para el abono de la responsabilidad civil.
Ante la propuesta de Boix, el letrado de la Coordinadora ha puesto de relieve que Blasco quiere hacer ahora "una especie de dación en pago con la intención de hacer una reparación del daño" y acercar el acuerdo. Boix ha respondido a esto que "el escrito de dación en pago se entregó antes del inicio del juicio" y que esto se suma a dinero que se ha consignado.
Además, ha sostenido que "no puede interesarse responsabilidad civil por delito alguno" puesto que reclamarla "correspondería al Tribunal de Cuentas". A este argumento se han sumado otras defensas, como las de Augusto César Tauroni y Marc Llinares, entre otras.
Sin embargo, según el fiscal, ante esta "concurrencia de dos jurisdicciones ante la misma circunstancia fáctica", los "tribunales ordinarios" se "abstendrán" de determinar la "responsabilidad contable" y "cederán esta cuestión". Por tanto, ha concluido que el ámbito de actuación de cada uno de estos tribunales es "compatible y salvable". A esta posición se han sumado las otras dos acusaciones.
7,8 MILLONES A DEVOLVER
La abogada de la Generalitat, por su parte, ha cifrado en 7,8 millones de euros la cuantía que deberían devolver los acusados. De esta cifra, ha continuado, los tres principales procesados (Blasco, Augusto César Tauroni y Llinares) deberán hacer frente solidariamente al 75 por ciento, 5,85 millones.
Sin embargo, las defensas han centrado sus críticas en la disparidad de criterios de las acusaciones en la concreción de esta cifra. Frente a esta versión, el representante de la Coordinadora ha espetado: "Lo que no es serio ni ético es robar dinero público de la cooperación para destinarlo al lucro personal". El tribunal ha decidido que estas cuestiones se resolverán en sentencia, cuando "habrá que determinar si hay una responsabilidad contable o penal".
"ESTAS PIEZAS NO SON UNA HIJUELA"
Otro de los puntos en los que Boix ha centrado su intervención es en sostener que en el relato fáctico existe "cosa juzgada" porque alega que se reproduce la misma historia en las tres piezas del caso, estas dos y la primera ya sentenciada.
No obstante, para el fiscal, el letrado de Blasco presenta esta cuestión "para despistar" porque estas piezas "no son una hijuela", sino que son "la madre de todo el procedimiento". Así, ha señalado que "en la pieza primera solo se juzgó la gestión de unas subvenciones en el año 2008", mientras que "en estas piezas se juzga un momento cronológico posterior, los años 2009 y 2010".
Generalitat y Coordinadora se han unido a esta oposición y considera una "estrategia de defensa" ese argumento. La sala igualmente ha pospuesto su pronunciamiento a la sentencia.
NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO
El segundo (y último por esta jornada) de los letrados que ha presentado sus cuestiones previas ha sido el abogado de Augusto César Tauroni, que ha solicitado la "nulidad de todo el procedimiento por vulneración de la tutela judicial efectiva" debido a la "posible inadecuación del procedimiento abreviado en vez de sumario" por el "ajuste a martillazos" que, a su juicio, realizó el anterior fiscal, Vicente Torres.
El fiscal cree que estos planteamientos carecen de fundamento y los ha definido como un "canto de sirenas sugestivo para el tribunal". Abogacía de la Generalitat y Coordinadora se han unido a Carrasco y el tribunal ha planteado que tendrá que "examinar detalladamente la documentación" y tras ese examen se pronunciará.
Finalmente, el abogado de Tauroni ha intentado "que se excluya a la acusación popular (la Coordinadora Valenciana de ONGD) de la petición de responsabilidad civil", algo que ha rechazado la Sala.