El Juzgado de Instrucción número 18 de València, encargado del caso Imelsa, ha sumado otra decena de investigados en la pieza de los 'zombies', en la que se indaga sobre la contratación de personas que no habrían ido a trabajar y el pago de indemnizaciones irregulares en el seno de Imelsa --actualmente Divalterra--.
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se trata de diez personas que aparecen relacionadas en un atestado de la UCO y sobre las que existen indicios de que sus contrataciones en Imelsa se habrían producido al margen de la legalidad.
Así mismo, la jueza, además de acordar estas declaraciones --aún no se han determinado las fechas--, ha requerido a Divalterra para que aporte los expedientes personales relativos a estos trabajadores, con certificación de los emolumentos totales percibidos o las indemnizaciones recibidas en su caso.
Igualmente, acuerda librar oficio a la Diputación de Valencia para que informe del número, características y retribuciones del personal eventual en esta institución entre los años 2008 y 2015, así como para que informe de quién ocupaba el cargo de presidente y los vicepresidentes de la corporación provincial en ese periodo.
La causa de Imelsa, que cuenta con una decena de piezas, se destapó en València en 2016 y al inicio se llevó por delante a casi todos los concejales del PP en el Ayuntamiento por un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros, el llamado 'pitufeo'.
En el procedimiento, en el que figura como investigado el expresidente de la Diputación y exalcalde de Xàtiva Alfonso Rus, también se investiga el pago de mordidas en la Generalitat Valenciana y en la Diputación provincial, entre otras diligencias.