El pasado martes 6 fue un día negro para la democracia y para las familias de todo el país. El Tribunal Supremo tenía dos opciones: sentenciar a favor de los bancos o a favor de las personas y esa misma tarde, conocíamos que la justicia decidía ponerse al servicio del poder financiero. Horas después, acontecía la casualidadde que la banca tenía uno de sus mejores días en Bolsa. Las entidades financieras que cotizan en el Ibex 35, ganaban 3700 millones de euros el mismo día que se anunciaba el fallo del TS. Se dio una curiosa paradoja: lo que inicialmente surgió como una “autoenmienda” del Alto Tribunal para no desestabilizar la economía, acabó convirtiéndose en una ganancia de millones de euros para la banca. ¿Curioso verdad?
La economía española se ha basado en las últimas décadas en el mercado inmobiliario. Este sistema ya mostró su peor cara alrededor de 2008 tras el estallido de la crisis, perjudicando a todas las familias que tenían créditos hipotecarios y dejando sin pan ni techo a miles de personas. Sin embargo, nuestra justicia ha decidido beneficiar y aupar a los culpables del sufrimiento de todo un país. Los más favorecidos con esta sentencia son los mismos actores que, no hace mucho, teníamos que rescatar con dinero público para evitar su quiebra. Por esto mismo es muy probable que tras conocer esta noticia, la confianza de los y las españolas en los jueces se vea considerablemente reducida. Para muchos, ya sonaban campanas de que la división de poderes que Montiesquieu distinguía hace siglos, no se vislumbra en pleno siglo XXI.
El problema de la justicia española atraviesa principalmente por una cuestión interna: su composición. La carrera judicial requiere, de forma directa o indirecta, muchos ingresos. Cualquier persona puede estudiar una judicatura, cualquier persona que pueda permitirse estar una media de 10 años estudiando sin trabajar. Esto excluye –en gran medida- a la gente normal y acaba haciendo de los Juzgados y Tribunales de Justicia, lugares muy corporativistas a los que sólo pueden acceder las élites. Además, esta realidad aumenta según se sube en la escala jerárquica de la judicatura, concentrándose en los espacios de mayor poder del sistema judicial una mayoría de personas –hombres- procedentes de familias adineradas.
Ante este cúmulo de despropósitos que navegan entre la desvergüenza y la desfachatez es necesario establecer una respuesta política que parta de dos premisas: En un primer lugar, un empuje social de la ciudadanía como punta de lanza de estas reivindicaciones. El músculo social de los jubilados y del feminismo ha logrado dejar su marca en el reciente gobierno. Ahora les toca a todas las familias a las que la sentencia del TS les niega su dinero, salir a reclamarlo. Y al gobierno, representar a un país que no quiere conformarse con queel impuesto de las hipotecas a partir de ahora no lo pague el cliente, si no queol, el dinero robado, al menos por una vez sea devuelto. En un segundo lugar, se hace totalmente necesario, la posterior articulación institucional de este empuje social para conseguir las reformas legales necesarias. La ineludible responsabilidad de los gobernantes de forjar una democracia real, unareinterpretación moderna de la separación de poderes i del Estado para el Siglo XXI donde la centralidad sea el bienestar de la gente.
Rocío Segura AleSecretaria de Programa y Políticas Públicas de Podem