Creo que hoy en día nadie será capaz de negar que la creación de un parque público de viviendas es una medida eficaz para revertir los problemas de acceso a la vivienda que gran parte de la población sufre. Sin atreverse a rebatir esta premisa abiertamente lo cierto es que después de décadas de gobiernos de derechas la falta de vivienda social existente en la Comunidad Valenciana es alarmante. A pesar de los esfuerzos palmarios para revertir esta situación que se han realizado desde la conformación del primer Botánico en el 2015, en este momento las viviendas sociales solo representan el 0,6 % del total en nuestro territorio.
En este contexto creo que son de vital importancia medidas cómo las que recientemente hemos reclamado unitariamente en Compromís, el PSPV y Unidas Podemos a través de Las Corts y en coordinación con la PAH. Nada más y nada menos reclamamos al gobierno central que convierta la Sareb me una herramienta pública al servicio de la garantía del derecho a la vivienda.
La Sareb es la sociedad anónima que deriva de la creación en 2012 de un banco malo que ayudó a sacar los activos tóxicos de los bancos, una iniciativa reclamada por los promotores inmobiliarios para salvarse financieramente que rellenó esta institución de numerosos activos inmobiliarios.
Ahora con la llegada de un gobierno progresista no tiene ningún sentido que la Sareb siga desarrollando sus funciones en las mismas condiciones que cuando fue creada por el gobierno de Mariano Rajoy. La acumulación de pérdidas del banco malo lo hemos pagado año tras año desde nuestros impuestos para salvaguardar el sector financiero e inmobiliario, por eso reclamamos un giro de 180º en su gestión.
Reclamamos la cesión de las viviendas que posee la Sareb en el territorio valenciano al parque público autonómico, para convertirlas en viviendas sociales y asequibles. Estamos hablando de unas 8.000 casas y pisos de la Sareb al País Valenciano de las que no existe ningún motivo para que no pasan a ser de titularidad pública de manera inmediata, se trata de una decisión política que el gobierno de Pedro Sánchez puede y tiene que tomar ya.
Una empresa como la Sareb con el principal capital público no puede estar al servicio de fondo buitres, como hizo el Partido Popular, sino que tiene que estarlo al servicio de la ciudadanía. Garantizar el derecho universal y constitucional de la ciudadanía a una vivienda digna es una obligación y frenar la emergencia residencial que estamos viviendo una prioridad para los gobiernos en que esté Compromis por eso no desfalleceremos al reclamar un transformación de las políticas públicas con todos los instrumentos que tenemos al alcance.
Belén Bachero, diputada de Compromís y portavoz de Vivienda a Las Cortes.