Odiadores a las puertas de un gobierno autonómico, el de Castilla y León. La posibilidad de que personas de claro perfil homófobo, racista, xenófobo, negacionista del cambio climático o machista estén dirigiendo en el futuro consejerías de Educación, Igualdad o cualquier administración es muy real después de las elecciones castellano-leonesas. En la Comunitat Valenciana, también. Más después de que el Partido Popular autonómico sea el más claro de todo el Estado español a la hora de abrir la posibilidad de una Generalitat Valenciana en 2023 con consellerias gestionadas por la ultraderecha.
Tenemos un claro y serio problema si los políticos de la derecha no entienden que un elemento como Vox es un catalizador de odio al diferente, un elemento distorsionador de nuestra convivencia como sociedad abierta y plural. A diferencia de lo que pasa en el resto de Europa, en España la derecha parlamentaria nunca ha querido practicar el cerco a los mensajes del odio, más bien ha buscado asimilarlos.
La derecha española, que cada día demuestra que al final ni es liberal ni es moderada, ha pasado de considerarse de extremo centro a verbalizar todo lo que expresa su vecino radical. Y esto ha sido determinante en una estrategia de blanqueo ideológico que comienza a adquirir rasgos físicos, de realidad palpable, después de años larvando en redes sociales. Porque el algoritmo le ha dejado hacer a la ultraderecha tanto como algunos medios de comunicación de los que se dicen respetables a la hora de posicionar actitudes y creencias que perfectamente firmaría un nazi.
Una persona cualquiera, de la edad que sea, entra a consultar una red o a simplemente emocionarse con un vídeo y puede salir con un buen cúmulo de fake news en la cabeza. La estrategia de la ultraderecha usando bots (perfiles falsos dirigidos por un programa informático) sirven tanto para propagar su propaganda como para abusar y acosar a quien no piensa como ellos. El objetivo es colapsar la red con determinadas temáticas, apuntando con el dedo acusador a representantes de opciones políticas/sexuales o que no cuadran en el estereotipo del hombre de bien de la ultraderecha (sea cuál sea). En las redes cunde el insulto y la mentira en lo político (y casi todo es político en esta vida). Es el lugar ideal para vilipendiar a alguien. La política ha cambiado mucho: a veces se hace más carrera en Twitter que atendiendo a un colectivo minorizado o con serios problemas de subsistencia.
El mundo real, tristemente, comienza a mostrar lo que en el mundo virtual es práctica habitual. Llevamos ya tiempo observando brotes de esa rabia y odio sin razón sobre los que cabalga la derecha ultra: presupuestos municipales y autonómicos que recortan en servicios sociales; vetos parentales para que niños y niñas no asistan a clases en las que se pueda hablar de feminismo o derechos LGTBI; acosos a familias de representantes públicas; acoso a las puertas de centros educativos contra la vacunación de nuestra infancia y adolescencia; acoso a mujeres a la entrada de clínicas abortivas; acosos y palizas al colectivo LGTBI; acoso a representantes políticos…
Todo esto ya está adquiriendo velocidad en el plano real, ya no es solo gente montando follón en Twitter. El asunto no está en si a un señor de Vox se le esté poniendo cara de vicepresidente castellano-leonés, como dijo el líder supremo de la ultraderecha, Santiago Abascal el domingo electoral. Es que el PP tiene entre manos, ahora mismo, la posibilidad de darle uno de los cargos más relevantes de una comunidad autónoma a un twittero que en su actividad virtual ha destacado por vejar a políticos, mujeres, homosexuales o inmigrantes.