Ante los acontecimientos derivados del conflicto entre Cataluña y el Estado, el inicio del juicio a los activistas y políticos independentistas y la celebración del Consejo de Ministros el 21D en Barcelona, desde la Plataforma pel Dret a Decidir queremos expresar diversas cuestiones.
En primer lugar consideramos que el juicio, o más bien simulacro de juicio, es claramente injusto ya que se encausa personas por el hecho de haber llevado a cabo actos pacíficos y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación legal y legítimo. La justicia española es además evidentemente parcial, tal como se denunció en el acto #Nohayjusticia frente del Tribunal Supremo el pasado 15 de diciembre, y se ha puesto al frente de la causa de mantener la unidad de España y por encima de todo actuar como un brazo más del aparato represor del Estado. Sólo así se puede entender la aplicación desproporcionada de la prisión preventiva y las inculpaciones (falsas) por sedición y rebelión. Los jueces han buscado delitos donde no los hay, y tanto la fiscalía belga como la justicia alemana ya lo evidenciaron con las resoluciones negativas sobre las diversas euroórdenes de extradición del juez Llarena a la vez que demostraban, como lo ha hecho el documental 20 -S producido por Mediapro, el uso de procedimientos estrictamente pacíficos del proceso catalán.
En segundo lugar vemos una clara provocación por parte del gobierno de Pedro Sánchez la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, que ha elegido una fecha de significado muy especial (justo un año después de que los partidos independentistas ganaran las elecciones convocadas a partir del golpe a la democracia ejercido por el gobierno de Rajoy con el 155). Dado el general y lógico rechazo que ha generado la reunión en la sociedad catalana, el Estado prepara un inmenso despliegue represivo, similar al del 1-O, para hacer frente a las protestas convocadas para ese día por las organizaciones soberanistas, que piden la libertad de los presos y el derecho a decidir.
Es evidente que el Estado español no tiene nada que ofrecer al pueblo de Cataluña para la resolución democrática del conflicto y vuelven a menospreciar la demanda mayoritaria (más de un 80% según reciente encuestas) de un referéndum de autodeterminación y el éxito que supuso el 1-O, con una participación de más de 2 millones de personas y la abrumadora victoria del sí, y las huelgas y grandes movilizaciones posteriores. A esta mayoría social del pueblo de Cataluña y a sus legítimos representantes, el Estado sólo les ofrece seguir el camino de la aceptación mansa de la Constitución y la unidad de España por encima de todo, incluidos los propios intereses, o sufrir más represión en caso de continuar con las demandas actuales. Es decir, ninguna alternativa verdaderamente democrática.
En este momento, el gobierno Sánchez cuenta con el silencio cómplice de una buena parte de la izquierda estatal, que se muestra incapaz de oponerse de una manera clara tanto a la provocación irresponsable del consejo de ministros en Barcelona y el anunciado despliegue represivo que le acompañará como al juicio que se escenifica en el Tribunal Supremo, así como de poner en primera línea del debate la gravedad que supone que en un supuesto estado de derecho y democrático como el español, haya presos políticos en huelga de hambre y exiliados.
En el País Valencià también resultan especialmente dolorosas las declaraciones de algunas de nuestras representantes políticas. No se dan cuenta, o no quieren darse cuenta (quizás por intereses electoralistas), que tanto el gobierno socialista como la izquierda que le apoya, adoptando unas posiciones tan pusilánimes de simple propaganda partidista, están validando la extrema derecha autoritaria y españolista y reforzando sus planteamientos antidemocráticos. Parece que no quieren ver que la deriva autoritaria del Estado está teniendo consecuencias negativas para el conjunto la izquierda, los movimientos sociales y las activistas, y que todavía tendrá más. Ya hablan en algunos sectores del PSOE de ilegalizar partidos y asociaciones independentistas aplicando la ley de partidos, lo que afectaría directamente cualquier posición de disidencia en cualquier lugar del estado.
Lo que está en juego, pues, es la misma democracia y los derechos sociales, con el derecho a decidir en el centro del debate. Mientras que lobbys empresariales como el farmacéutico, el agroindustrial o el de la energía, y las entidades financieras han aumentado su poder de poner gobiernos a sus pies, el poder de decidir de la gente está perdiendo valor. Mientras se cambia el artículo 135 de la constitución española en un día para favorecer a los grandes bancos, el derecho a decidir de los pueblos sólo es merecedor de la represión y del artículo 155. Los primeros disponen de toda la soberanía y el poder para impedir el ejercicio del poder y la soberanía democráticos de los segundos. Los primeros apuestan por el control económico y social, la gente para ganar más democracia al servicio del empoderamiento y del autogobierno colectivo. Las élites españolas son parte de esta oligarquía que nunca ha querido descentralizar nada, que lo que quiere siempre es centralizar más para controlar férreamente la fiscalidad y privatizar en beneficio propio. El derecho a decidir tiene un fundamento material, social y no sólo político. De eso se trata el día 21 tanto en Cataluña como en el País Valencià y en el resto de pueblos del estado.
Por los derechos sociales, por la libertad de los presos y presas políticos, por la democracia, por el derecho a decidir.
Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià.