El alcalde Joan Ribó, que subvenciona y bonifica impuestos a entidades próximas al catalanismo, quiere ahora cobrar un impuesto a la Iglesia por la actividad que desarrolla en centros como hospitales, universidades, colegios y residencias de mayores, una actividad que redunda en beneficio de su impagable Obra Social y que atiende a muchas necesidades a las que las administraciones públicas no dan cobertura.
Pero, en contra de lo manifestado por el concejal de Hacienda, al que Ribó utiliza de ariete contra la Iglesia católica, el Ayuntamiento de Valencia no puede comenzar a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a los edificios de la Iglesia mientras no se cambie la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Esta normativa estatal sobre Mecenazgo está fundamentada en los Acuerdos firmados el año 1979 entre el Estado y el Vaticano, que fueron renovados y ampliados en 2008, siendo el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. EstosAcuerdos tienen rango de Ley y de Tratado Internacional, y son fruto del consenso y del reconocimiento a la labor social y a la identificación que sienten millones de españoles con los valores humanistas y creencias cristianas que representa la Iglesia.
Por todo ello,los argumentos esgrimidos por el tripartito para justificar el cobro del IBI a la Iglesia son tramposos e interesados. El acalde Joan Ribo y su concejal de Hacienda, Ramón Vilar, saben perfectamente, tal y como les han advertido los técnicos municipales, que a día de hoy no pueden cargar los recibos porque hay una Ley que se le impide, pero como nos acercamos a la elecciones, quieren mostrar su cara más anticlerical para contentar a una parte de su electorado.
En la cruzada personal del alcalde y su gobierno contra la iglesia católica, están llegando al absurdo, porque no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento de Valencia destine recursos municipales a una finalidad que va en contra de lo dispuesto en una Ley estatal. La posición del tripartito tiene una intencionalidad política clara, ya que está en la línea sectaria del actual Gobierno del acalde Ribó de atacar y denostar a todo aquel que no es de su agrado y, en cambio, favorecer a “los que sí les son afines.
Ribó, además de mostrar más respeto por nuestras tradiciones y creencias, debería plantearse si con su intención de cobrar a la Iglesia no acabaría reduciendo los recursos que esta institución dedica a ayudar a los más necesitados. Como alcalde de Valencia, su primera obligación es pensar en el interés general y no tanto en el de quienes piensan políticamente como él.
Eusebio MonzóPortavoz de Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia