Indefensión. Si existe alguna palabra que defina la situación a la que se han visto abocados decenas de miles de afectados de iDental, es esta. Más que preguntarnos qué ha salido mal, quizás resolveríamos antes la cuestión si nos preguntáramos si “algo ha salido bien”, pues la concatenación de errores, ineficacia de los organismos de control –publicitarios, laborales y sanitarios-, los canales propios de defensa de la persona consumidora, la pasividad de los colegios profesionales en un primer momento, la ausencia de regulación en la normativa, todo ello, nos ha llevado a que hoy vivamos un drama que no es el primero.
Ya estábamos advertidos. Si prestamos atención en la historia reciente, no es la primera vez que sucede: Opening, Corporación Dermoestética, Vitaldent, Noudent, iDental… todos ellos son casos propios de una burbuja que lleva más de un lustro pinchando y dejando regueros de afectados.Sin embargo, el caso de iDental adquiere una dimensión que no tiene precedentes, tanto por la cantidad de afectados como por la cualidad de las prácticas: estamos hablando de negligencia, de mala praxis, de falta de higiene y poco cuidado en la esterilización de material, habiendo causado enfermedades infecciosas, de publicidad engañosa, descuentos imposibles, mala calidad de material, tratamientos experimentales, falta de tutorización de los trabajadores. En definitiva, todo un cúmulo de mala fe.
Por todo ello, la pregunta que emerge es qué hacer y más cuando esto ya ha pasado otras veces y está pasando actualmente. Qué hacer y cómo responder de forma inmediata a una emergencia de tal calibre.
Desde Podem, en la Comunitat Valenciana, como en todas las Comunidades Autónomas, ya hemos lanzado propuestas, solicitado informes y realizado labores de control para que los respectivos gobiernos pongan todos sus recursos a trabajar, para ofrecer auxilio judicial con el fin de paralizar los cobros de los préstamos, acudir a la Fiscalía para abrir los procedimientos judiciales pertinentes, poner a disposición las prestaciones del sistema sanitario para facilitar peritajes, informar y orientar de forma nítida los pasos que tienen que dar los afectados, coordinándose con las asociaciones de consumidores, las OMIC y los colegios profesionales, así como recabar los historiales clínicos, piedra angular de la mala praxis.En el ámbito estatal, desde Podemos y con la coordinación de la diputada por Alicante Rita Bosaho, también hemos trabajado en propuestas pidiendo que los mecanismos de control se pongan en funcionamiento y no esperen a más iDentales; que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales para que en el ámbito sanitario, este tipo de empresas estén vinculadas y pertenezcan a los profesionales del sector y no a mercaderes de la salud; que la armonización de la normativa publicitaria sea bajo los principios de veracidad y ética; incluir la salud bucodental en la sanidad pública así como la creación de un Instituto Nacional de Consumo que pueda proteger eficaz y diligentemente a las personas consumidoras.
Se trata, a fin de cuentas, de dotar de contenido al artículo 51.1 de la Constitución Española, cuando se refiere a que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
En el consumo, como en la salud, no se trata sólo de curar la enfermedad, sino fundamentalmente de prevenirla. Y de eso, todos, somos responsables.