Imelsa o Divalterra, lo mismo da que da lo mismo. Ciudadanos (Cs) lleva un año denunciando que en la empresa pública lo único que había cambiado era el nombre. Cuando lo empezamos a sospechar, pedimos la documentación que teníamos derecho a fiscalizar y se nos negó. En ese mismo momento supimos que algo no se estaba haciendo bien. ¿Por qué un gobierno que alardeaba de transparencia ocultaba los informes contrarios a las contrataciones? Blanco y en botella.
Cuando has pedido una Junta extraordinaria para que se clarifiquen los hechos, cuando te has tenido que presentar con un notario para que te faciliten la documentación y sigues sin tener las cosas claras, la única salida posible es la justicia. Los tribunales habían de conocer los hechos y juzgar. Nosotros no lo haremos, pues creemos firmemente en la separación de poderes.
Ese miércoles negro para la Institución fue, sobre todo, muy triste. Era la segunda vez que detenían a un presidente de la Diputación. PP y PSOE, los partidos que llevan toda la democracia alternándose el poder, estaban uno a uno. Empate técnico, aunque con una diferencia. El PP actuó en solitario. El PSOE con la connivencia de Compromís, el partido nacionalista, que en la oposición se ponía la camiseta y ahora luce la máscara para hacer como que no ve nada.
Estos partidos dicen que la empresa está podrida y que hay que cerrarla. PSOE y Compromís, que se pusieron al lado de los despedidos de RTVV y asumían el lema de los trabajadores no son los culpables; ellos, los mismos, ahora quieren liquidar la empresa y dejar en la cuneta a 700 familias. Ya sabe, doble rasero, doble vara de medir según gobierne o no ¡Qué poca credibilidad!
Cs, el mismo miércoles de las detenciones, tuvo una cosa clara y fue el único partido que habló de ello. Vamos a trabajar por salvaguardar la estabilidad de todos los empleados porque su labor es fundamental para nuestra provincia. Se ocupan de limpiar los montes y prevenir incendios, de fomentar el turismo de nuestros municipios y de promover la formación, ¿les parece que son prescindibles? A mí, no.
Además, no me resulta justo que el personal de Divalterra, que lo único que ha hecho ha sido trabajar; por cierto, con bajos sueldos y condiciones laborables bastante cuestionables, haya de pagar por la mala gestión de los políticos. Sería, como dice el refrán, pagar justos por pecadores. Mientras yo siga como portavoz de Cs en la Diputación, voy a estar al lado de las 700 familias que hoy están sufriendo. Que nadie lo dude.