Cuando apenas quedaban unas pocas semanas para celebrar el tercer aniversario del nuevo Gobierno de la Diputación de Valencia que ponía punto y final a décadas de gobierno corrupto popular, la UDEF entraba al Palacio de la Batlia. Una serie de contratos de la empresa pública Divalterra son los causantes de una investigación judicial que se encuentra bajo secreto de sumario.
Desgraciadamente el mal superior ya está hecho: la imagen pública de la Diputación de Valencia vuelve a estar en cuestión. Para mi sorpresa, no llegamos a ver esta actuación policial durante los continuados años de saqueo por parte de Alfonso Ruso y su banda, un espectáculo que personalmente esperaba que se produjera y por el cual luché como denunciante del caso Taula.
Sea como fuere no puedo evitar verme en la obligación de dejar claras dos cosas: la Diputación de Valencia desde julio de 2015 se gestiona de forma escrupulosa, transparente y equitativa; y los posibles errores y problemas venden de una empresa pública que debería de haberse liquidado desde el principio.
Soy consciente de que decir ahora “os lo dije” queda feo, pero aquello cierto es que no existía otra alternativa viable que liquidar Imelsa y no conformarse con cambiarle el nombre a Divalterra e intentar arreglar el empastre anterior. Hay momentos en la vida donde una tiene que asumir que la mejor opción es empezar desde cero y la situación de Imelsa lo requería.
Imelsa/Divalterra no fue nunca una empresa pública al uso, no sirvieron nunca principalmente con un objetivo de servicio público; esta estructura fue creada y gestionada con la única intención de convertirse en una agencia de colocación política y de conseguir financiación irregular para el partido de turno.
Y en cuanto que pienso que la herencia era demasiada pesada como para reconducirla, no puedo responsabilizar completamente a mis compañeros del PSPV y Compromís por los posibles errores cometidos en su intento de cambiar las cosas, pero sí puedo y los responsabilizo de no haber tenido la valentía de llevar adelante su proceso de liquidación, tal y como pedimos desde EUPV y València en Comú.
Ahora el gran mal está hecho, la credibilidad de la institución está cuestionada de forma injusta y la única forma de cambiar esta situación es hacer aquello que ya se debería de haber realizado hace ahora tres años: disolver definitivamente Divalterra y enterrar su negro legado para siempre.
Así lo exigimos desde EUPV y así lo exigimos ahora –con más fuerza si cabe– dentro de la nueva etapa que se abre aquí y ahora. Estamos a tiempo de corregir los errores y cerrar la legislatura del cambio con garantías y solvencia. Todavía podemos reconducir la situación para poder dirigirnos a la ciudadanía valenciana y prometerlos que la oscuridad que instaló el Partido Popular de Rus en la Provincia de Valencia se ha acabado por siempre jamás.