Hoy es momento de reflexionar sobre las consecuencias que provocan casos de lawfare como el sufrido a Jorge Rodríguez o Mónica Oltra. El primero tuvo que dejar la Diputación y el partido PSVP. El por entonces, President Ximo Puig también quería que abandonase la alcaldía de Ontinyent. Rodríguez por aquel entonces se negó y los hechos le han dado la razón justo días después de las pasadas elecciones municipales de Mayo del 23 que volvió a revalidar la alcaldía y para postre, también se le declaró inocente. Es curioso que la decisión de su absolución ya estuviera días antes de las elecciones y que incluso podrían haber provocado un mayor resultado a su favor. Pero ¿Quién le restaura todo el daño personal a él y a su familia provocado durante años?
En el caso de Mónica Oltra, la presión mediática y "fuentes de la Generalitat" provocaron que tuviese que dar un paso a un lado. No contó con el apoyo del "President" al que por cierto hizo gracias a los votos de Compromís en 2015 y en 2019. Tampoco contó con un apoyo rotundo y explícito de su propio partido. Ese fuego "amigo" desde la propia Coalición que ayer parecía que todos festejasen sin recordar sus propias palabras hace dos años. Hasta incluso dentro de Iniciativa se fraguó una crisis bien "oportuna" justo en el momento más duro de la persona que consiguió el cambio político en 2015. La política es en muchas ocasiones injusta y en otras muy sucia. El caso que ha sufrido Mónica Oltra es de manual y tiene cada una de las letras del Lawfare, un juicio político. Por ello, resulta paradigmático que el fuego venga precisamente del lado menos esperado. Sobra decir, que la oposición y la extrema derecha utilizó el caso para beneficio propio y podríamos concluir que el resultado fue un éxito. En 2023, la derecha recuperó todas las instituciones. No sabemos si con Mónica Oltra como candidata el resultado hubiera sido el mismo pero es evidente que su ausencia total también condicionó en parte dicho resultado.
En los días previos a la dimisión, la propia Fiscalía sostenía que existían indicios evidentes contra la vicepresidenta. Curiosamente, ayer el juez evidenció que no halló ni un solo indicio o prueba, solo conjeturas. Algunos medios se han adelantado a afirmar que se borraron los mails de los investigados pero muy pocos han recordado que por petición expresa de Mónica Oltra y de su jefe de gabinete, Miquel Real, sus cuentas oficiales no se borraron ya que es un proceso habitual tras el cese de cargos. Una persona que no tiene nada que esconder tampoco desea que se borré cualquier prueba para evidenciar su inocencia, como ha sido el caso.
Muchos recordamos precisamente al tandem de Ferreras y Pastor en este show mediático en el que en muchas ocasiones se encuentran desde sus espacios "informativos". Ayer tampoco hubo tal rectificación, no se esperaba y por tanto, no llegó. Y pese a la decisión del juez, no hay una máquina que regrese a ese 2022 para restaurar todo ese daño político, moral y personal a Mónica Oltra. Ayer escuchamos a algunos miembros de la Coalición Compromís el "deseo" que ella puede volver a primera línea política, aunque en el momento de su dimisión, poco tardaron algunos en "repartirse el pastel".
El daño político ya está hecho. Ahora bien nadie hoy en día pone en duda el valor político de Mónica Oltra con sus virtudes y sus defectos. Nadie cuestionará su papel en el Botànic y su papel también durante los años de la Oposición. Como bien publicó en su instagram, "por mucho que dure la noche, amanecerá" y "la verdad solo tiene un camino". Oltra, de nuevo, tiene el derecho absoluto de decidir su papel en la política y de momento, se mantiene prudente porque las heridas de estos dos años tardan en sanar. Pero hoy, un día después del archivo de la causa, me sigo preguntando si es posible revertir todo ese daño y cómo evitar que estos casos de lawfare se repitan en la historia.