El plenario de Ontinyent aprobó por unanimidad en su última sesión ordinaria las alegaciones y la solicitud de paralización de la nueva distribución de las Fuerzas de Seguridad del Estado propuesta por el Ministerio del Interior. En este escrito remitido por el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, delante de la Secretaria de Estado de Seguridad, se solicita que se proceda a la paralización de la nueva delimitación planteada por la Delegación del Gobierno y que se aplica una nueva zonificación que permita actualizar las competencias de los cuerpos de seguridad en Ontinyent, así como el aumento de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil.
El texto explica que en Ontinyent el diseminado tiene una superficie de 9.500.000 metros cuadrados con una dotación de 12 agentes de la Guardia Civil, responsables de la seguridad en todo el diseminado y polígonos. Por su parte, la policía Nacional cuenta con unos 65 efectivos responsables de la seguridad del casco urbano. En el texto firmado por el Alcalde y enviado a la Secretaría de Estado se argumenta que la nueva zonificación que Ontinyent venía reclamando desde 2008, nunca se había planteado que fuera a costa de suprimir uno de los dos cueros de seguridad que actualmente están prestando servicio a la ciudad. Se pretendía una actualización de las zonas y el aumento de efectivos, especialmente de la Guardia Civil. Así mismo, la decisión anunciada por la Delegación del Gobierno de suprimir la comisaría de Policía Nacional no solo ha recibido el rechazo unánime de toda la población, de los grupos municipales sino también de los mismos mandos de la Policía Nacional.
Tal como se recuerda en el texto, el máximo responsable de la Policía Nacional en Ontinyent, Agustín Robles, manifestó su disconformidad en la Junta de Seguridad del pasado noviembre, en la cual estuvo presente el Subdelegado del Gobierno en València, José Roberto González Cachorro. Al documento también se destaca la tarea "muy valorada por la ciudadanía" que viene haciendo la Policía Nacional, tanto en seguridad ciudadana como en protección a las víctimas de violencia de género.
Hay que recordar que el Subdelegado del Gobierno, José Roberto González Cachorro, participó de la junta de seguridad del pasado noviembre donde explicó que el anuncio de la supresión de la Policía Nacional en Ontinyent no era "definitivo" y emplazaba a que el Ayuntamiento de Ontinyent presentara alegaciones contra esta decisión, las cuales han sido aprobadas en el Pleno.
Según el anuncio de la Delegación del Gobierno en la provincia de València a partir de 2024, en Ontinyent la competencia exclusiva de la seguridad de la ciudad y el diseminado sería de la Guardia Civil, con una cifra de efectivos como mínimo equivalente a la actual suma de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en la ciudad. Los servicios administrativos vinculados a la Policía Nacional como la expedición de DNI o pasaportes se mantendría, y la atención a la violencia de género pasaría a ser responsabilidad de la Guardia Civil. Además, se mejorarían las condiciones de la actuar caserna de la Guardia Civil, que pasaría a ser considerada como lugar principal del cuerpo en la zona.