Ontinyent aumenta al 85% el índice de resolución de casos del Servicio de Mediación Vecinal

El Servicio de Mediación Vecinal que ofrece la Policía Local de Ontinyent ha aumentado el índice de resolución de casos hasta el 85% a que llevamos de año, lo que supone 20 puntos porcentuales respecto de los datos registrados desde su puesta en marcha en 2016 y hasta la llegada de la pandemia, que era de una media del 65%.En concreto, en 2021 se han resuelto seis casos por mala convivencia entre vecinos, tres casos por incumplimiento de contrato de alquiler, tres casos por problemas derivados de escapes de agua y humedades y dos conflictos familiares. De los catorce expedientes que ha recibido este servicio municipal, solo dos casos se han tenido que derivar a la vía judicial y a la Fiscalía, mientras que el resto han sido resueltos por los mismos agentes. Además, de estos, actualmente hay otros 6 casos en tramitación, y por eso los expedientes en 2021 llegan a la veintena.La concejala Coordinadora del área de Igualdad y Gobierno Abierto, Natàlia Enguix, y el concejal de Policía Local, Josep Gandia, coincidían al valorar muy positivamente estos datos que suponen "un éxito del trabajo del personal de la Policía encargado de este servicio, un trabajo que hace posible que en estos casos tanto la administración como los vecinos hayan ahorrado tiempos y dinero", manifestaba.El Servicio de Mediación Vecinal, que puede recavar la colaboración de los diferentes departamentos del Ayuntamiento, se puso en marcha con un primer año completo de prueba en 2016, acumulando desde entonces más de 130 atenciones. Si bien a los primeros años el índice de resolución de conflictos era del alrededor del 50%, este fue mejorando hasta llegarse al 65% en 2020.El proceso se desarrolla sin formalismos, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes de la manera más cómoda y rápida posible, simplemente hablando. Por causas o motivos, entre los más frecuentes están los conflictos vecinales entre particulares por ruidos, molestias o escapes de agua; conflictos a comunidades de vecinos por impagos o molestias; conflictos en el ámbito rural por delimitación de terrenos, regueras o árboles; o conflictos familiares, que en este último caso pueden ser derivados al departamento de Servicios Sociales.