La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado en relación al informe sobre presupuestos iniciales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que la Comunitat "no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos y de injusticia en el trato del sistema de financiación", por lo que ha reclamado que "no dé un análisis igual a situaciones distintas".
"Si nos juzgan de la misma manera que a una comunidad que tiene 800 euros más por habitante, se está produciendo una injusticia más grande aún", ha subrayado Oltra en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por las conclusiones del informe publicado este pasado jueves por la AIRef, que ve un riesgo "muy elevado" de incumplimiento del objetivo de déficit en la Comunitat y Murcia y advierte que tendrá que corregir la evolución prevista de sus gastos.
Oltra ha recalcado que "precisamente" la Comunitat y Murcia son las que "más sufren" la infrafinanciación. "No tememos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos y de injusticia en el trato del sistema de financiación", ha afirmado, para criticar que "no se puede dar un análisis igual a situaciones distintas".
En concreto, ha indicado que "no puede juzgar igual" a la Comunitat y a Cantabria, con "800 euros más por habitante". "Gastamos menos que el resto de comunidades autónomas", ha asegurado.
Interpelada sobre el hecho de que el informe compare la situación de Murcia y la Comunitat, Oltra ha señalado que el sistema de financiación es "mucho más injusto" en el caso de la Comunitat, que implica una "deuda más elevada que está desangrando" la región.
Además, ha subrayado que lo que está haciendo la Comunitat es "garantizar los derechos de las personas" a la educación, a la sanidad o a la atención a la dependencia. "Eso no es gasto, es una obligación legal", ha insistido, antes de poner en valor que el Consell "ha estirado los euros".
Preguntada por si considera que la apertura de À Punt también se incluye entre estos derechos, Oltra ha remarcado que el derecho a la información también es uno de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución española.
Asimismo, ha defendido que la apertura de À Punt fue una decisión con "dos vertientes": por un lado, "cumplir con un derecho fundamental" y, por otro, proporcio0nar un "motor económico" al sector audiovisual, "uno de los que más posibilidades tiene de crear riqueza y puestos de trabajo".