La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha reclamado en euskera que puedan gestionar el ingreso mínimo vital (IMV) las autonomías que quieran, como la valenciana, para compatibilizarlo con cada renta de inclusión y evitar duplicidades y desprotección social, así como "por lo que pueda pasar en el futuro".
"Nahitaezko gutxieneko diru sarrera kudeatu nahi dugu; queremos gestionar el ingreso mínimo vital", ha manifestado "en un precario euskera" en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por la medida que aprueba este viernes el Consejo de Ministros.
La también coportavoz de Compromís ha apelado al Gobierno a que "si la cogestión la pueden hacer comunidades como Euskadi y Navarra, desde luego la Comunitat Valenciana también", algo que acordó esta semana el Gobierno PSOE-Unidas Podemos con el PNV. Pero ha remarcado que esto no significa que las CCAA que no quieran armonizar sus rentas estén obligadas: "No hay que hacer un café para todos".
De momento ha destacado la "buena disposición" del Ministerio de Seguridad Social a esta petición reiterada de la Generalitat, "más como estado de ánimo que como resultado". Ha lamentado que recibieron el borrador hace dos días y "habrá que ver lo que sale en el BOE". "Una fantástica idea necesita una buena ejecución para tener recorrido", ha reivindicado.
Aunque ha reconocido que la pandemia "seguramente habrá determinado la perentoriedad de aprobar el ingreso", ha insistido en que "obviamente" a las gobiernos autonómicos les hubiera gustado tener "más participación y tiempo para estudiar la propuesta".
EVITAR QUE LA GENTE "SE DESENGANCHE" DE LA INCLUSIÓN
Ha defendido así que ambos sistemas se armonicen "desde el principio" y no con convenios a partir de 2021 como prevé el borrador. Gobierno y CCAA podrían compartir los beneficiarios del ingreso y las rentas para que no haya familias que cobren las dos mientras otras no perciban ninguna. También para evitar que haya personas que "se desvinculen del proceso de inclusión".La también consellera de Políticas Inclusivas ha recordado que la ley valenciana establece la inclusión como un derecho en sí mismo para la emancipación hacia la vida independiente. "Poder armonizar desde un principio nos hará más fuertes en las gestión sin familias que se vayan desenganchando del proceso de inclusión", ha ilustrado.
Otro de los objetivos que ha apuntado es el de "no llegar a la gente que realmente lo necesita en la situación actual de pandemia" y que los interesados no tengan que pasar por dos ventanas, sino por "una única puerta de entrada" aunque la parte del ingreso la gestionaría el Gobierno. Sin una cogestión, ha advertido, será difícil detectar los beneficiarios.
Las peticiones se gestionarían a través de los servicios sociales de atención primaria de las entidades locales: una propuesta dirigida al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y otra como complemento al ingreso desde la Conselleria de Igualdad, ha explicado Oltra, mediante un convenio Gobierno-Generalitat.
También ha destacado que "prácticamente todos" los módulos familiares que plantea el borrador son más bajos que los de la renta valenciana, cuando esta incluye complementos de vivienda y derechos energéticos. La Generalitat "trabaja" en la adaptación al decreto del Gobierno para descontar y asumir la diferencia entre ambas prestaciones.
De cara al futuro, ha hecho hincapié en la importancia de que la renta valenciana mantenga su solidez y "esté ahí para sostener el sistema por lo que pueda pasar". "Vemos algunas declaraciones que hablan del ingreso mínimo como la 'paguita'", ha advertido, "vamos a asegurarnos que la renta siga como una red potente porque decidimos hace tiempo que nadie se tiene que quedar atrás".