"Conseguimos esa Orden de consenso entre todas las partes, y es de obligado cumplimiento entre todas las partes". Así se ha pronunciado la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, sobre la polémica suscitada por los bajos y "alarmantes" niveles de agua detectados en la Albufera el pasado junio. Lo suficiente como para que la Fiscalía investigue la imposición de multas a la Junta de Desagüe.
El pasado 17 de junio se hizo pública la decisión de la Fiscalía de València de estudiar la demanda de posibles sanciones administrativas y penales dado el "alarmante descenso" del nivel de agua en el lago valenciano. El nivel mínimo de la Albufera sobre el nivel del mar varía según la época del año: entre cinco y 25 centímetros. Se trata de un ecosistema muy delicado cuya variación a la baja de los niveles de agua podría causar una salinización, que afectaría a la fauna, flora e incluso a los agricultores.
Son estos mismos agricultores los que tienen la autonomía de la Junta de Desagüe, y pueden cerrar o abrir las compuertas de acuerdo a sus necesidades siempre que se respeten los niveles mínimos de la época. Desde esta entidad, tras saber la acusación de Fiscalía, aseguraron la presencia de una "mano negra" para actuar en su contra pues, aseguran, cumplen la Orden 5/2018 sobre los niveles "a rajatabla".
El Alcalde de València, Joan Ribó, insistió en la "necesidad" de aumentar la aportación de agua de la Cuenca Hidrográfica del Xúquer. Según señaló, la Confederación tiene la obligación de "concretar ese caudal ecológico" necesario para evitar más problemas con la Albufera.
El alcalde recordó que, en caso de salinización de la Albufera, no sólo se perdería el parque natural en sí, también los puestos de trabajo relacionados con el cultivo del arroz.
Desde la Junta de Desagüe, mediante un comunicado, aseguraron que los descensos del nivel de agua son de "algún día determinado" y que las filtraciones "con interesadas". "Ha habido un celo profesional exagerado", aseguran. Hay una intencionalidad, creen, en eliminar "una institución inmemorial que nació para defender los intereses de los arrozales que son los que dan vida a la Albufera y que tan buenos resultados ha dado". La Junta nació en 1926 durante la dictadura de primo de Rivera.
Oltra asegura que la Conselleria de Medio Ambiente realiza un "seguimiento diario de los niveles de agua en el lago", que ahora "se encuentra dentro de los niveles que establece la normativa". Ha resaltado el valor de la Orden que, lograda después "de un amplio consenso entre los actores implicados" debe respetarse, pues es de "obligado cumplimiento".
Ya en 2016 hubo problemas parecidos, en los que la Fiscalía señaló los bajos niveles de agua y el riesgo de que la Junta de Desagüe priorice los intereses de los campos de arroz a los niveles óptimos de agua para el conjunto natural, uno de los humedales más importantes de todo el continente europeo.
Según ha detallado la vicepresidenta, por el momento "no se ha detectado ningún daño ni a la fauna ni a la flora", pero van a mantenerse "vigilantes" en que se cumpla la orden y se respete el equilibro natural de la Albufera.