La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido sobre la condena a un educador social a cinco años de prisión por abusar sexualmente a una menor tutelada que "no se ha juzgado a la Conselleria, sino un caso de abusos sexuales".
Así se ha pronunciado Oltra durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre la condena a su exmarido. Al ser preguntada si considera que esta circunstancia influyó sobre la actuación de la Conselleria, ha aseverado: "Rotundamente no".
De hecho, la vicepresidenta ha incidido en que la dirección política de la Conselleria tuvo conocimiento de estos hechos "cuando ya habían pasado varios meses y varias actuaciones", y ha incidido que no se juzga al departamento, sino al condenado.
Preguntada sobre si la actuación de la Conselleria fue correcta, Oltra ha señalado que "en unos casos sí, en otros no", y ha considerado que "la no comunicación a Fiscalía no fue una actuación que se pueda decir aceptable".
Al respecto, ha defendido que nada más conocer la dirección política, "se ordenó por escrito la absoluta colaboración con la fiscalía" y que un mes después se publicó un nuevo protocolo que "recordaba a todos los centros y direcciones territoriales la obligación de comunicar a la Fiscalía de menores cualquier sospecha de abuso".
Respecto a si hubo "desprotección" por parte de la Conselleria, Oltra ha argumentado que los profesionales actuaron "siguiendo los protocolos vigentes en aquél momento" referidos a la atención en caso de sospecha de abusos. Así, ha defendido que el hecho de que haya informes es "consecuencia" de que la niña recibió atención.
Así, ha indicado que se le atendió por parte del propio centro, la dirección territorial y la fundación Espill para la atención especializada. Oltra ha explicado que esta entidad trabaja con casos de abusos sexuales y cuenta con "profesionales de gran prestigio", por lo que, "como es la práctica habitual, se le derivó (a la menor) igual que otros muchos casos durante el año 2017 para su tratamiento y sostenimiento emocional y psicológico".
No obstante, ha agregado: "Cualquier error o difunción que se haya detectado por parte del tribunal se analizará al detalle y para mejorar, con el objetivo de mejorar siempre la actuación de la administración", ha manifestado. Prueba de ello, considera, son tanto la ordenación de colaborar con la fiscalía, como el nuevo protocolo aprobado en septiembre de 2017.
"TODA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA"
Al respecto, Oltra ha recordado que ha pedido comparecer en Corts para dar "todas las explicaciones que hagan falta" sobre este asunto, y ha asumido "toda la responsabilidad política" ya que es su "responsabilidad política que el sistema funcione".Preguntada si ve "normal" que un sospechoso de abusos envíe una carta a la directora para preguntarle si modifica o cambia algo de su versión, Oltra ha explicado que en el centro se hace una investigación "contradictoria", en el sentido de "escuchar a las dos partes". En opinión de la vicepresidenta, "no parece que en lo que podríamos llamar el pliego de descargo, la dirección del centro tuviera que intervenir".
"En todo caso, ahí lo que yo entiendo es que la persona instructora en este caso, tiene que mantener primero, siendo que se trata de un centro de infancia, la máxima protección de la persona menor de edad y la neutralidad respecto a quien está sometido a esa instrucción", ha apuntado.
Preguntada sobre la autocrítica realizada desde la anterior sentencia (el primer juicio, celebrado en noviembre de 2019, se declaró nulo), Oltra ha indicado que estos hechos son de hace cuatro años. "La reacción de la Conselleria se produjo nada más conocerse, por parte de la dirección política los hechos, y en solo un mes se había elaborado el protocolo y en solo cinco días se había conminado a la dirección territorial a la colaboración con la fiscalía".
Así, considera que "sea la sentencia del 21, del 22 o del 25", "a veces se pierde la perspectiva de que los hechos ocurrieron en un momento determinado" entre febrero y verano de 2017. Desde entonces, ha indicado que en 2018 se puso en marcha el "nuevo modelo residencial" y que "se han incrementado plantillas profesionales, se han mejorado los equipos técnicos". "Esa es mi responsabilidad política fundamental, construir un sistema de protección de la infancia que proteja", ha manifestado.
RELACIÓN PERSONAL
Preguntada respecto al vídeo en que anunciaba su comparecencia y criticaba que se culpabilizara a las mujeres, Oltra ha argumentado que planteaba "una cosa muy cotidiana". "Digo que se responsabiliza a las mujeres y a las familias de hechos que no son responsabilidad suya".A su juicio, este caso ha despertado interés "no por la razón de fondo", ya que esta semana se ha conocido otra sentencia del Tribunal Supremo ante un caso de prostitución de dos niñas en el centro de Monteolivete de València. "Esa sentencia no ha despertado ningún interés informativo. Estas niñas también son víctimas, y no han despertado el interés de la oposición", ha aseverado.
Así, espera que la diferencia entre ambos casos no sean las víctimas: "La diferencia es mi relación personal con el condenado. Cuando yo hago el vídeo, lo que estoy explicando son situaciones muy cotidianas, donde a personas, familias y especialmente a mujeres, se las responsabiliza de algo que no es su responsabilidad o se las señala. Si tienes un hijo que es drogodependiente, no es responsabilidad tuya, pero es posible que en la finca te digan que te tienes que ir", ha puesto como ejemplo.
De hecho, preguntada sobre por qué se omitieron los apellidos del condenado en el informe, ha indicado: "Puede ser que sea por la misma razón por la que en muchas crónicas se han omitido sus apellidos, pero el mío no".
Respecto al caso de Monteolivete, ha indicado que la Conselleria no está personada en ninguno de los dos casos, por lo que están intentando conseguir la sentencia. "Cuando tengamos acceso a la sentencia también la estudiaremos".
Además, ha indicado que la Generalitat no podía personarse en este caso porque todavía no estaba aprobada la ley de infancia, una normativa "garantista que pone el derecho del menor por encima de cualquier otra circunstancia".