La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha comparecido, a petición propia, en el pleno de Les Corts para dar explicaciones sobre el caso de abusos a una menor en un centro privado tutelado por la Generalitat, después de que la sentencia haya condenado al educador social Luis Eduardo Ramírez Icardi a cinco años de prisión por abusos sexuales a esta adolescente de 14 años entre los años 2016 y 2017.
Oltra ha afirmado que conoció la investigación a su exmarido el 4 de agosto de 2017, seis meses después de los hechos y cuando el centro ya había cerrado la investigación interna, porque llegó la citación judicial a su domicilio: "lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta", ha remarcado. Desde ese momento en el que la dirección política de la Conselleria tuvo conocimiento de los hechos, se ordenó "prestar total ayuda a la adolescente y colaboración con la justicia sin ningún tipo de interferencia por el componente personal existente", ha defendido.
En este sentido, la vicepresidenta no solo ha recalcado que los hechos probados "no hacen ninguna referencia ni a la Generalitat, la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ni a mi misma", sino que ha manifestado que "nadie, ni dentro ni fuera de esta sala lamenta más que yo lo que le ha ocurrido a la joven porque es el triste colofón a la vida de una niña a quien todo le falló desde el principio".
Durante su comparecencia, Mónica Oltra también ha negado que hubiese trato de favor hacia el acusado, y ha defendido que el educador social trabajaba en el centro desde 2010, "todavía faltaban cinco años para que fuera consellera". Asimismo, ha señalado que al tratarse de un centro privado, es la misma dirección del centro la que decide tanto la contratación, como el despido de los trabajadores.
En su intervención, ha sido muy crítica con las observaciones que el tribunal plasma en la sentencia, a partir del relato de la Fiscalía, en las que se pone en duda la gestión del departamento insinuando, además, una situación de hostilidad hacia la víctima. "Cuestionar esto es cuestionar mi honor y mi integridad, pero además es cuestionar la credibilidad y la independencia del personal funcionario".
Para la vicepresidenta, es otra demostración de que no hubo trato de favor el hecho de que la defensa del acusado no conociera la existencia del informe de la Fundación Espill durante el primer juicio. "Me acusan de dar consignas para elaborar informes que benefician la estrategia de defensa del educador, al mismo tiempo que también me acusan de ocultar esos mismos informes al tribunal. ¿En qué quedamos? Si se hubiera querido proteger a alguien, obviamente, ocultar información que puede resultarle favorable no es la mejor manera, ¿no creen?", ha manifestado.
Finalmente, Oltra ha admitido un error en el sistema de protección a la menor por no haber trasladado el caso, de manera automática, a la Fiscalía. Un error que, ha dicho, "no se puede confundir con maniobras de ocultación" y que ha atribuido a un protocolo que estaba desfasado y que ya se ha enmendado.
La vicepresidenta ha ido desmontando, una por una, todas las acusaciones que, en la sentencia, atribuyen a la gestión de su departamento, y ha puesto de manifiesto algunas contradicciones como que los jueces interpreten como "hostilidad del departamento hacia la víctima el hecho de que fuera cambiada de centro después de la denuncia, obviando que fue decisión de la Fiscalía". El protocolo vigente establece que el presunto agresor es quien tiene que ser trasladado.
"OCULTACIÓN DE APELLIDOS"
Respecto a la "ocultación de los apellidos" del acusado, han estudiado 60 informes de este tipo para "comparar la mecánica", y han concluido que "la metodología es bastante aleatoria y depende del criterio de quien redacta el informe". En este caso concreto, el educador aparece nombrado 60 veces: tres con nombre completo, el "educador" en 45 ocasiones; el nombre con el apellido, en una ocasión y el nombre y la inicial del apellido en otra ocasión.También ha negado que la actuación fuera diferente al del centro de Segorbe, del mismo año; y ha descartado sesgo en la actuación de las funcionarias de Conselleria y la del Instituto de Medicina Legal, ya que ambas pertenecen a la misma administración, la Generalitat.
Igualmente, ha asegurado que la sentencia "valora, pero no prueba" que se haya producido una situación de "hostilidad" por parte de la Conselleria por el hecho de que las trabajadoras consideraran poco creíble su relato, y ha remarcado que ninguna de ellas dijo tener ninguna consigna al respecto.
Respecto a la policía, ha afirmado que le queda "una pregunta" sobre la que "no tiene respuesta": "¿El grupo de menores de la Policía Nacional conocía en febrero de 2017 estos hechos? Según me he enterado por la sentencia, sí. ¿Lo comunicó a Fiscalía? ¿Se inició algún tipo de procedimiento o investigación?", se ha preguntado. En la réplica, ha negado que esto sea una crítica al cuerpo de seguridad.
CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES
Durante su intervención, la vicepresidenta ha hecho una cronología de los hechos. En febrero de 2017, la directora del centro no vio indicios, y el 28 de ese mismo mes, la técnica de la Dirección Territorial afirmó que tampoco los veía.Oltra ha explicado que el protocolo que regía en aquel momento no obligaba a comunicar los hechos a Fiscalía ni a instancias superiores de la Conselleria si no se veían indicios sólidos del delito, algo que cambió en septiembre de ese año, cuando una instrucción de la Dirección General de Infancia y Adolescencia exhortó a los centros a poner en conocimiento del fiscal cualquier denuncia de este tipo.
Los hechos llegaron a manos de la justicia a partir de junio, cuando la Policía encontró a la menor después de fugarse. Esto sucedió el día 22, y el 6, 10 y 14 de julio, la Fiscalía instó al traslado de centro de la menor, hecho que se produce el 16 de agosto.
El 28 de julio se acordó la prohibición al educador de aproximarse a menos de 200 metros de la menor y comunicarse con ella. Ya en agosto, después de que Oltra recibiera la citación el día 4, el lunes siguiente (7), el jefe de gabinete informa al subsecretario de la notificación, y el 8, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordena la apertura de expediente informativo por haber tenido "conocimiento verbal en el día de hoy".
El 11, la subsecretaría dictó una resolución por la que instaba a las direcciones territoriales a ofrecer la máxima colaboración con Fiscalía de menores. El 21 de agosto, Infancia abre expediente y se deriva a la Fundación Espill para su valoración, que comienza el 25 de ese mismo mes. La valoración termina en noviembre, y se incorporan las conclusiones al expediente informativo de la dirección general, que se remite a Fiscalía el 30 de noviembre.