El pleno del Consell ha aprobado hoy un convenio de colaboración con la Federación Valenciana Municipios y Provincias (FVMP) que impulsa la movilidad de empleadas públicas entre las diferentes administraciones del territorio de la Comunitat Valenciana por razones de violencia de género.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha destacado que con esta medida "la Comunitat Valenciana es la primera autonomía que regulariza la movilidad interadministrativa para mujeres víctimas de violencia de género, de forma que puedan cambiar su puesto de trabajo no solo dentro de la propia Generalitat, sino también acceder a puestos de la administración local, lo que amplía el abanico de posibilidades para su traslado".
Oltra ha resaltado la importancia de esta medida, "fruto de la coordinación y acción conjunta entre las administraciones públicas radicadas en nuestro territorio, que se basa en la aplicación de principio de movilidad de forma generalizada y recíproca entre la Generalitat y la administración local ante la existencia de situaciones de necesidad derivadas del maltrato a la empleada pública".
En este sentido, con este convenio es posible que una trabajadora pública pueda trasladar su puesto de trabajo a otro similar en otra localidad y otra administración en el caso de que, como víctima de violencia de género, se vea obligada a abandonar su puesto habitual con el fin de que el agresor no conozca cuál es su lugar de trabajo, haciendo así efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral.
La vicepresidenta ha explicado que esta medida "está unida a procesos de confidencialidad que impidan la localización por parte del agresor, además de otras medidas que evitan que este traslado suponga una merma en los ingresos que percibe la trabajadora".
El traslado por razón de violencia de género tendrá la consideración de forzoso. Los gastos e indemnizaciones que, en su caso, correspondan a la empleada pública serán a cargo de la administración de origen en la que se encuentre destinada en el momento de efectuarse la movilidad.
Facilitar la gestión de las ayudas del 0,7% del IRPF al tercer sector
Por otra parte, Oltra ha informado que el Consell también ha aprobado hoy la modificación de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2017, con el objetivo de gestionar los 13,5 millones de euros del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) para fines sociales que el Estado ha asignado a la Comunitat Valenciana para el desarrollo de programas de interés general por parte de entidades del tercer sector.
La vicepresidenta ha recordado que esta modificación "surge tras la sentencia dictada el pasado mes de enero por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de asignación tributaria del 0,7% del IRPF".
"En aplicación de esta sentencia, -ha explicado- el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el tercer sector y con el acuerdo previo de las autonomías, ha puesto en marcha un nuevo sistema de asignación, basado en la existencia de dos tramos: uno que gestiona la Administración del Estado, y otro que gestionan directamente las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de servicios sociales".
En el caso de la Comunitat Valenciana, la cantidad que gestiona este ejercicio la Generalitat procedente del 0,7% del IRPF, tras el reparto realizado hace unos meses por el Ministerio, asciende a 13,5 millones de euros.
Oltra ha explicado que el Estado "tiene previsto el anticipo al 100% de las subvenciones cuya gestión le corresponde; sin embargo, en el caso de la Comunitat Valenciana la Ley de Hacienda valenciana solo permite de forma general el anticipo del 30% de las subvenciones".
"Por eso -ha añadido- se hace esta modificación en la Ley de Presupuestos para establecer como excepción la gestión del 0,7% del IRPF, de manera que la Generalitat pueda liberar de forma anticipada también el 100% de su importe a las entidades del tercer sector, de forma que puedan gestionarlas sin causarles perjuicios, puesto que sus acciones van dirigidas a la población más vulnerable".