El Consell ha aprobado el decreto ley por el que se adoptan las medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos del centro.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha remarcado que este decreto ley garantiza que el curso comience "con total normalidad", tal y como el Gobierno valenciano aseguró antes del verano a padres y madres y sistema educativo para que "estuvieran tranquilos".
Oltra ha asegurado también que el Consell garantiza a los padres y madres de los niños y niñas de tres años, "el 5% de la población escolar", ha recordado, que sus hijos e hijas "puedan comenzar el curso con las condiciones que escogieron a la hora de formalizar la matrícula, proceso que depende del decreto de admisión".
Por su parte, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, que ha intervenido junto a la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha explicado que el decreto ley "pretende dar seguridad al inicio de curso, poniendo en el centro lo que hay que poner: las familias, los alumnos y el profesorado, dejando de lado las luchas y triquiñuelas partidistas".
A este respecto, Marzà ha insistido en que "el objetivo de este Gobierno es que los niños y niñas aprendan el valenciano, el castellano y el inglés de forma eficiente y, por tanto, el plurilingüismo real se mantiene firme en este decreto ley".
El titular de Educación ha hecho hincapié en que que este decreto ley sirve para dejar de lado "a aquellos que han estado intentando generar incerteza, aquellos que han estado intentando poner miedo en el cuerpo, incluso a maestros y profesores, a los que siempre hemos dicho que estuvieran tranquilos, que habría una solución firme, legal y clara y una respuesta a todas sus necesidades, poniendo en el centro a los niños y niñas, que son las que nos preocupan".
"En contra de aquellos que han estado generando una situación de incerteza, el 95% de los alumnos, comprendidos entre los 4 años y el fin de su escolaridad, continuarán haciendo lo que estaban haciendo el año pasado y, por tanto, las familias no tendrán ningún tipo de dificultad. Tampoco la tendrán los que habían matriculado a sus niños y niñas por primera vez y, por tanto, comienzan el curso con tres años", ha explicado el conseller
La Generalitat ejercerá la acción popular en un presunto caso de violencia machista
Por otra parte, el Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a ejercer la acción popular en un caso de agresión machista con resultado de muerte.
Se trata de Irina, de nacionalidad rusa, que falleció el pasado 16 de julio presuntamente como consecuencia de las heridas infringidas por su pareja.
La vicepresidenta ha recordado que, en lo que va de año, un total de 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España, cuatro de ellas en la Comunitat Valenciana: Margaret, Gloria Amparo, María Dolores e Irina.
Oltra ha insistido en que esta sociedad "estamos al lado de las víctimas y enfrente de los agresores", a los que "decimos bien alto y bien claro que no tienen lugar en nuestra sociedad".
Durante su intervención en la rueda de prensa, la vicepresidenta ha adelantado que "se están concretando los últimos detalles del Pacto valenciano contra la Violencia de Género", de modo que en la última reunión, que tendrá lugar el 7 de septiembre, se aprobará un documento que será firmado en un acto institucional el 18 de septiembre.
Ampliación de capital social de CACSA
Entre otro orden de cosas, el Consell también ha autorizado la suscripción de acciones para la ampliación de capital de la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (CACSA), por valor de 19 millones de euros.
Según ha explicado Oltra, la Generalitat, "socio único de la mercantil, suscribirá la totalidad de las acciones emitidas y el desembolso se realizará por medio de aportaciones dinerarias en efectivo".
La vicepresidenta ha querido poner el énfasis en que la gestión del Gobierno anterior "nos ha costado a los valencianos 19 millones de euros, a los que hay que añadir los 27 millones de la ampliación de capital de 2017 y los 40 que se desembolsaron en 2015. En total, 86 millones de ruina en diferido"
Estas situaciones hacen que "el Gobierno del Botánico tengamos que arreglar" la gestión anterior, "en vez de gestionar", ha insistido Oltra, quien ha remarcado que, con ese dinero, "podríamos mejorar, y mucho, la vida de las personas, la sanidad, la educación, los servicios sociales".