La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha sido la primera en hablar en las Corts y, como ella misma ha recordado, “la primera del Consell” en este nuevo curso político. Se trata de una comparecencia solicitada por ella misma, para detallar los pasos a seguir en su para para esta legislatura, no sin recordar antes “el estado de colapso” que se encontró en 2015. Unos pasos que incluyen numerosos planes de Infancia, Juventud y Tercera Edad, así como “la intención de impulsar tres iniciativas legislativas”.
Oltra ha detallado lo que, tras el cambio de gobierno, ha calificado de “injusticias” que se encontraron y dedicaron, asegura, a intentar solucionar; como “los 17.000 expedientes de dependencia ocultos en los cajones”.
Expone, como ejemplo del “colapso”, que al llegar se encontraron un total de “41.662 personas dentro del sistema, 46.496 personas en lista de espera más los ocultos, y 17 personas para toda la Comunitat valorando expedientes”. Ahora hay, relata, 83.991 personas que reciben ayuda a la dependencia, y “una lista de espera de 26.634”; el tiempo de espera ha pasado de cuatro años y medio a 13 meses. Unas mejoras que se suman, detalla, a las inversiones realizadas contra la violencia machista, las ayudas a las familias monoparentales “que se pagan siempre, no son una subvención” o de familia numerosa.
"Recuperar la centralidad"
Todo esto es, asegura, un “esfuerzo presupuestario en el ámbito presupuestario” al tener en cuenta “el incumplimiento del Gobierno de España en asumir su parte de la financiación del sistema de dependencia -debe pagar un 50% y paga un 10%-, así como la infrafinanciación” general de la Comunitat.Este repaso ha servido a Oltra para anunciar, o más bien recordar, que “una vez atendida la emergencia social” que asegura, encontraron, “la acción política de esta legislatura se centrará en el despliegue normativo de las leyes” a las que ha hecho referencia, así como continuar la ampliación de la atención a la dependencia, con atención a “los retos” que encuentran.
La Vicepresidenta señala que la intención es, en definitiva, promover “el nuevo sistema público valenciano de servicios sociales” que pretende “recuperar la centralidad de la persona”.
Oltra ha señalado como una de las primeras prioridades del Consell en su área trabajar por el “pago delegado” de todas aquellas “entidades del tercer sector concertadas con la administración”. Con esto hace referencia a entidades que, como las de los Centro de Infancia, no han recibido pagos de la Generalitat a causa de su estado financiero. En cifras, la Vicepresidenta anuncia que el trabajo en los conciertos ha abierto “más de 12.000 plazas en el ámbito de la diversidad funcional, mujeres, mayores, infancia e igualdad”.
Otra de las prioridades, ha detallado, será la creación “un primer Plan de Infraestructuras Sociales fundamentado con criterios objetivos, con elementos correctores en favor de las comarcas de interior”, con “perspectiva de ruralidad “ y contra la despoblación. Contempla también la elaboración de distintos planes y estrategias para poner el foco en la Infancia y Adolescencia, las Familias Acogedoras, la figura del asistente personal en dependencia y el Envejecimiento Activo, así como avanzar en el Pacto Valencianos contra la Violencia de Género.
Tres nuevas leyes
"Señorías, para ir acabando les avanzo la intención de impulsar tres iniciativas legislativas", ha anunciado Oltra. La Vicepresidenta ha anunciado que en 2020 se iniciarán los trabajos para sacar delante una Ley Valenciana de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias, para "garantizas la igualdad de oportunidades", entre toda la diversidad de familias disponibles, para tener los mismos derechos.Otra nueva norma llegará esta legislatura, una nueva Ley de Igualdad "que tenga en cuenta los grandes avances que el movimiento feminista a aportado a las sociedades democráticas". Por último, una Ley de Accesibilidad Universal, que "no aborde solo las barreras físicas", sino también "las invisibles".
Antes de bajar del atril, ha recordado la necesidad de reclamar "una financiación Constitucional, unas inversiones justas y una regularización de la deuda", conforme a los acuerdos aprobados en el hemiciclo. "No es una exigencia egoísta", ha añadido.