El ocio nocturno se ha visto obligado este martes a suspender su actividad con la entrada en vigor del decreto de nuevas medidas que ha publicado la Generalitat para frenar la evolución la Covid-19. Esta prohibición de abrir durante los próximos 21 días supone un "descalabro total" para el sector que esperaba pode cubrir algún gasto en agosto y enganchar con septiembre.
"No es que nos quedemos en coma, es que ya para el entierro nos quedamos" y si no se acompaña esta decisión de un plan de choque que rescate al sector, "dos de cada tres empresas va a tener que cerrar en septiembre" aunque se levante la prohibición de abrir, ha advertido el secretario general de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR), Juanjo Carbonell en declaraciones a Europa Press.
"Nos gustaría que la Generalitat acompañara esta medida de un plan de choque para salvar al ocio y los espectáculos", cuyas empresas tendrá que seguir pagando el alquiler de los locales, préstamos, impuestos y otros gastos fijos. De lo contrario, el mes que viene muchas no podrán levantar la persiana, habrá despidos y tendrán que ir a concurso de acreedores voluntario, ha augurado.
En línea con lo dispuesto por el Ministerio, la Conselleria de Sanidad ha ordenado la suspensión de la actividad del ocio nocturno, que incluye discotecas, salas de baile, karaokes y bares de copas con o sin actuaciones en directo.
Todos los establecimientos de hostelería y restauración de tendrán que cerrar a la 1 de la madrugada, con lo que para eventos y banquetes como son las bodas previstas para el viernes o sábado noche, esta limitación horaria está provocando cancelaciones.
"ESTIGMA SIN RAZÓN DE SER"
Desde FOTUR, Carbonell ha lamentado que se haya "estigmatizado" a un sector que en la mayoría de los casos ha sido "ejemplar" en su reapertura con un tercio del aforo y cree que "no tiene razón de ser" que se les achaque la subida de contagios cuando hay otras regiones como Cataluña o países como Inglaterra donde este tipo de locales han permanecido cerrados y la pandemia ha ido en aumento.En la misma línea, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) ha denunciado en un comunicado "la criminalización" a la que se ha sometido al ocio nocturno desde que se inició el plan de desescalada y que finalmente ha llevado a la decisión de cierre del sector.
CONHOSTUR insiste en que el origen de los rebrotes no se encuentra en el ocio nocturno ni en la hostelería, sino en su mayoría se encuentra en el ámbito familiar, y ha alertado de que "el cierre del ocio va a conllevar el traslado de la actividad al plano ilegal, dando lugar a la multiplicación de botellones y fiestas privadas que pondrán en peligro la salud pública por estar fuera de cualquier regulación y control".
El cierre de la actividad de ocio nocturno que afecta también a los pubs y los sitúa "al borde de la desaparición". En su mayoría pertenecen a autónomos y tampoco se les va a permitir mantener abiertas sus terrazas, algo que para CONHOSTUR supone un "agravio comparativo en comparación con la actividad de los propios bares y restaurantes".
La organización lamenta "la improvisación y la falta de coordinación institucional del gobierno autonómico y central en la toma de decisiones" que sitúan al sector de nuevo "ante el abismo y la incertidumbre" en plena campaña de verano y sin un calendario claro de aplicación.
Respecto a la medida de adelantar el horario de cierre a la una de la madrugada, denuncia otro "mazazo" para la restauración, especialmente para el sector de banquetes y eventos, donde ya se están cancelando bodas y se "deja a los empresarios ante la ausencia de una información clara y sin mecanismos de respuesta para saber cómo poder afrontar estos cambios con los clientes", añade.
Para superar esta situación, CONHOSTUR reclama a la Generalitat un plan de actuaciones para el sector que dote de ayudas efectivas a los empresarios (alquiler, impuestos, ERTE) para afrontar este cierre empresarial. Asimismo, pide a los responsables políticos que antes de aplicar medidas que afectan directamente a las empresas de hostelería se consulte y consensue con los representantes del sector.