El lunes por la mañana había acuerdo. Por la tarde, ya no. El martes se tensó lo suficiente para que uno de los socios -UP-EUPV- se levantara de la mesa y se suspendiera la reunión. Ayer por la mañana, a pocas horas de iniciar el pleno de investidura y a un sólo día votar a Ximo Puig como President de la Generalitat, por fin se confirmaba:
hay acuerdo de investidura, programático y de gobierno. Un pacto que, "casi" cerrado por la mañana, se acabó de firmar en el LUGAR de Alacant -por lo que trasladar la votación al día siguiente era necesario- y cierra el ADN de este nuevo pacto.Todos incidieron en "el qué antes del quién", aunque es la segunda parte lo que, al menos de cara a los medios, ha causado más problemas. UP-EUPV interpretaba que no se le daba el peso correspondiente a su representación: PSPV y Compromís, que demasiada. Finalmente hay acuerdo sobre las dos cosas.El nuevo gobierno valenciano tendrá
12 consellerias, dos más que ahora, que responden a la incorporación de la formación morada. Los socialistas tendrán seis, Compromís cuatro y dos a 'los nuevos'. En cuanto al programa político, se trata de un documento de 21 páginas en los que se detalla desde la "transición ecológica y lucha contra la emergencia climática" hasta el feminismo, el empleo o la industria. Unos objetivos
distribuidos en seis ejes.
"Emergencia climática"
"Digamos las cosas por su nombre: el cambio climático ya se ha transformado en 'emergencia climática'", asevero ayer Puig durante su discurso. Las tres formaciones recalcaron en campaña su "compromiso" para avanzar hacia un modelo de sociedad más "sostenible", y esto se ha trasladado al nuevo pacto. Es, de hecho, el primer punto que aborda. El documento contempla la creación de una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que contempla la "obligación" de reducir un 40% las emisiones contaminantes para 2030, y que en 2050 el
100% de la energía provenga de fuentes renovables.Estos ejes tienen que ver con la "segunda vicepresidencia verde" que, según detalló Dalmau a los medios, estará a cargo de la formación morada y coordinará las políticas en este sentido.
Violencia machista
El segundo eje del programa es el relativo al feminismo, diversidad e igualdad. La violencia machista, sin duda, ocupará gran parte de las reivindicaciones políticas del nuevo gobierno; ya lo hizo y dio lugar, junto al resto de fuerzas políticas, del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista. Algo que en el pacto programático proponen actualizar, junto a la Ley de Violencia contra las Mujeres, para sumarse al Convenio de Estambul y a las recomendaciones de Naciones Unidas.Dentro de esta misma ley, proponen una modificación para que incluya un apartado específico que aborde "la
trata y explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes", además de una nueva Ley de Igualdad "basada en la redistribución, igualdad en el ámbito laboral, lucha contra la brecha salarial, políticas de reconocimiento de derechos y políticas destinadas a masculinidades igualitarias". También se menciona a las familias, aunque con un tono 'distinto' al de otras formaciones. Así, el documento plantea una
Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias.
Servicios públicos
El tercer eje comienza con una realidad que el gobierno valenciano, de mano de la Conselleria de Igualdad, presidida por Mònica Oltra, reconoce y asegura trabajar por solucionar: las listas de espera a personas dependientes y en sanidad. Algo que "continuarán reduciendo" con ampliación y consolidación de equipos. También en relación con esto, proponen una regulación de los trabajos de cuidados, altamente feminizados, y un "Pacto por las Personas Mayores" para un "envejecimiento activo".La vivienda es otro de los aspectos fundamentales en el nuevo pacto. Tanto es así, que proponen una "
Ley para la Función Social de la Vivienda", que incida en la creación de vivienda pública y en atacar la subida de los precios de alquiler.
Ocupación
El problema del paro y el crecimiento económico también tiene hueco en el programa. Proponen una nueva
Ley de Ocupación que estructure el sistema de "agentes e instituciones que intervienen en materia de políticas de ocupación y desarrollo territorial". En definitiva, prometen trabajar para mejorar la calidad del empleo y luchar contra la explotación laboral.Este campo también pasa por una "modernización" y "digitalización" del tejido productivo valenciano, la propuesta de "internacionalizar" los productos valencianos, defensa de la agricultura valenciana o un Plan de Apoyo y Fomento del Cooperativismo.
La política valenciana
Una primera propuesta en el programa en cuando a "calidad democrática y buen gobierno" puede significar un cambio importante en las próximas elecciones valencianas y marcar un precedente en España: "
Eliminar la barrera electoral del 5%". Proponen nuevas fórmulas para fomentar la participación ciudadana, reforzar la Ley de Transparencia, reconocer y asistir a víctimas del franquismo o bebés robados y luchar contra la corrupción "y el fraude".Las diputaciones también pueden cambiar: el programa contempla la aprobación de una Ley de Coordinación de las Administraciones para "clarificar el reparto competencial y la asignación de fondos necesarias, bajo criterios objetivos y transparentes, para eliminar duplicidades".
Progresividad real
El último punto del acuerdo de PSPV, Compromís y UP-EUPV trata una "reforma tributaria" para configurar un "
sistema fiscal progresivo". Es algo ya mencionado en campaña por las formaciones, incluso a nivel local -Joan Ribó: aumentar la presión fiscal, pero sólo a las grandes rentas. Se trata de luchar contra la evasión fiscal y los métodos, muchos reales, para pagar menos impuestos pese a cobrar grandes sumas de dinero.La infracinanciación valenciana también está presente. Exige, aunque depende del gobierno de Madrid, una "reforma inmediata del sistema de financiación y regularización de la deuda histórica". Detallan, incluso, de la necesidad de un "calendario" que detalle los plazos de esa "
reforma inmediata". También se detalla la demanda de la "gratuidad total de la AP-7, el apoyo de la Administración Central en los gastos de dependencia, y un aumento de la moratoria de los desahucios más allá de 2020.
