El pleno de Les Corts aprobaba, ayer, una iniciativa del Govern del Botànic, también con los votos a favor de Ciudadanos, para reclamar ante el Gobierno central una nueva propuesta de financiación autonómica en un plazo máximo de 8 meses. Un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, con el objetivo de salir, de una vez por todas, del agujero de la infrafinanciación al que se ha visto sometida la Comunitat Valenciana.
Un día después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que será en noviembre de este mismo año cuando se ponga encima de la mesa una nueva propuesta de financiación autonómica. Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que se presentará “un primer esqueleto de la reforma”, con el objetivo de que este nuevo modelo se apruebe antes de que finalice esta legislatura.
Montero ha explicado que va a iniciar en breve los contactos con los grupos parlamentarios para buscar "el mayor consenso", y que continuará la negociación, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las autonomías, pero ha avanzado que quiere discutir sobre dos cuestiones que le parecen importantes: la armonización de los impuestos cedidos a las autonomías para garantizar la autonomía fiscal y evitar “la competencia desleal o dumping entre comunidades”; así como calcular el coste efectivo de los servicios fundamentales que prestan las autonomías, es decir, sanidad, educación y dependencia, con el objetivo de “determinar cuánto cuestan para decidir cómo pagarlos”.
"El actual modelo es complejo y poco transparente", ha dicho la responsable de Hacienda. De esta manera, se crearán tres comisiones de trabajo – una por cada uno de los servicios – para analizar el gasto y “consensuar medidas de eficiencia”. "El nuevo modelo tiene que servir a todos. Hay elementos suficientes para encontrarnos", ha asegurado María Jesús Montero, que ha pedido a partidos políticos y comunidades un "compromiso leal" para iniciar la negociación.
Asimismo, otro de sus objetivos es rediseñar los fondos de financiación que Hacienda pone a disposición de las autonomías para incorporar mejoras en las condiciones financieras, y presentar un nuevo método de cálculo de la regla de gasto, ya que la intención es facilitar la inversión del superávit que tienen cada vez más administraciones públicas. La reforma de este sistema es una reclamación permanente de las Comunidades Autónomas.