Enric Morera se ha quedado solo. Saber valenciano no será un requisito eliminatorio para los aspirantes que opten a las Ofertas de Empleo Público de las Cortes Valencianas 2018, un requisito lingüístico que el Presidente del Parlamento autonómico, y miembro de Compromís, se había propuesto aplicar a las 30 plazas, aproximadamente, de administrativos, traductores o técnicos que saldrán a oposición. Sin embargo, lo del requisito lingüístico se trataba de una muerte anunciada, por lo que no ha sorprendido que en la Mesa de las Cortes se optará por la no incorporación con cuatro votos a favor, y una evidente abstención, la de Enric Morera.
PP, PSPV, Podem y Ciudadanos votan en contra, Compromís se abstiene
Sin embargo, el valenciano ha traído cola. Y es que, en este punto, los diferentes partidos que conforman el Consell han mostrado su disconformidad. Tanto es así que Podem y el PSPV, queriendo respetar el acuerdo sindical al que se había llegado, no han apoyado a Morera en su intento por aplicar el requisito del valenciano como una prueba excluyente. Una decisión que también han apoyado PP y Ciudadanos, que siempre han mostrado su negativa al requisito lingüístico para acceder a la Administración pública.
Morera ha sido contundente. ‘Pedir que para una plaza de telefonista se tenga que acreditar el valenciano dicen que es hacer política. Defender la Llei d’Ús y garantizar que puedan atender a quien, haciendo uso de sus derechos se dirija en valenciano a Les Corts, es democracia’. Asimismo, en declaraciones a València Extra, ha explicado que ‘no es posible que el conocimiento del valenciano se reduzca a unos méritos porque no garantiza que la persona que ocupe una plaza en Les Corts pueda atender o gestionar documentación en valenciano, pudiendo entorpecer el desarrollo de algunos procedimientos y expedientes. Por eso, hemos sido coherentes con nuestro posicionamiento político y hemos defendido que fuera un requisito’.
Por su parte, el diputado de Podem, César Jiménez, ha explicado que ‘la mejor manera de garantizar el requisito lingüístico para el acceso a cualquier institución pública es una Ley de Función Pública que lo incorpore para dar cobertura legal. Sin embargo, el Consell no lo ha hecho’. Y es que uno de los puntos clave en los que se escudan los partidos que han votado en contra del requisito lingüístico es en la elaboración de un informe jurídico, que se encargó cuando, en junio, Morera anunció que votaría en contra de la propuesta pactada en la mesa de negociación por no contener este requisito.
Así, el informe especificaba que la introducción de un examen obligatorio y eliminatorio de valenciano con carácter general en la oferta no estaba avalado por la legislación vigente, ni por la doctrina del Tribunal Constitucional. De esta manera, las pruebas de la oposición constaran de dos fases: concurso y oposición, en la que se podrá a optar a un máximo de 60 puntos entre los tres ejercicios – teórico (30 puntos), práctico (25 puntos) y valenciano (5 puntos) -. Ésta última es la que se ha intentado que fuera excluyente. Sin embargo, y a pesar de la oposición de Enric Morera, el resto de grupos políticos han dado luz verde a la no incorporación del requisito lingüístico.