"Garantizar la justicia social ha de ser una prioridad para los Gobiernos", ha asegurado la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, que ha defendido que, al menos la mitad de los 100.000 millones de euros anuales dedicados a estrategias de adaptación al cambio climático, se destine a las personas y a los territorios más vulnerables.
La consellera ha participado en la Cumbre del Clima de Madrid en una mesa redonda sobre financiación en el cambio climático y se ha referido al Mediterráneo como "epicentro del cambio climático", lo que lo convierte en área que debería contar con una dotación adicional para hacer frente al impacto del calentamiento global.
La consellera también ha puesto el acento sobre algunos conflictos que plantean las estrategias europeas de lucha contra el cambio climático. Por un lado ha cuestionado "ciertas contradicciones" del comportamiento de la Unión Europea que por un lado exige unos compromisos a sus Estados miembros, mientras firma acuerdos comerciales con países que incumplen los acuerdos internacionales creando una "competencia desleal".
Por otro lado, ha indicado la debilidad en la que se encuentra la Administración autonómica para poder gestionar los fondos europeos y ha apostado por llevar a cabo un "giro radical" que comience por fortalecer a los gobiernos que se encuentran más cerca de la ciudadanía "para poder gestionar y ejecutar esas ayudas dirigidas a la transición ecológica".
Sobre el cambio de comportamiento, la consellera opta por poner el foco en la acción colectiva: "El Corredor Mediterráneo es capaz de reducir las emisiones de manera muy importante. Debemos decidir qué actuaciones consiguen un mayor impacto positivo y dirigirnos a ellos para conseguir saltos de calidad".
La fiscalidad verde es otra de las "asignaturas pendientes" que el Estado español debe afrontar para financiar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y para sufragar el necesario cambio de modelo productivo", ha señalado.
Ante la pregunta sobre cómo va a repercutir las tasas verdes sobre la ciudadanía, la titular de Emergencia Climática y Transición Ecológica ha abogado por los impuestos con carácter finalista que se dediquen a invertir en medidas de mitigación y adaptación, "un tipo de tasas que ya existe en el sistema fiscal español, como ocurre con el canon de saneamiento de la Comunitat Valenciana, de manera que no hace falta inventar nada".
El empleo o el consumo responsable son otros de los temas que se han tratado en la mesa de debate, que ha contado también con representantes de otros Gobiernos autonómicos y locales, así como con la directora general de Acción Climático de la Comisión Europea.
En relación con el empleo, Mireia Mollà ha rechazado entrar en el debate "trampa" que contrapone cambio de modelo y destrucción de puestos de trabajo y ha afirmado que existen nuevos yacimientos de empleo adaptados a la economía verde como, por ejemplo, la rehabilitación en eficiencia energética de los edificios, una figura que recupera los trabajos que la crisis se llevó por delante en el ámbito de la construcción.