La Unió de Llauradors ha denunciado este miércoles que la última auditoría realizada por la Comisión Europea para evaluar el sistema sudafricano de certificación y control oficial de cítricos para la exportación a la UE data de junio de 2016, pese a haber aumentado en lo que va de año un 94% las interceptaciones con plagas procedentes de este país.
En un comunicado, la organización agraria ha explicado que en esa última auditoría de 2016 se concluía que debían de mejorarse tanto las inspecciones oficiales en campo como las interceptaciones internas con objeto de reducir la probabilidad de interceptaciones de cítricos exportados a la UE.
En base las conclusiones de la auditoria, las autoridades fitosanitarias de la UE realizaron en enero de 2017 unas recomendaciones de mejora del sistema de control y certificación sudafricano. Las autoridades competentes sudafricanas, en este caso el NPPO (National Plant Protection Organisation) propusieron para garantizar la disminución de partidas con agentes nocivos varias actuaciones correctoras.
No obstante, La Unió ha explicado que la cantidad de interceptaciones no se ha reducido desde 2016 a pesar de los compromisos adquiridos, ya que únicamente en 2018 se redujeron las interceptaciones, mientras en 2019 han vuelto a incrementarse en un 94%.
La amenaza para la citricultura valenciana por parte de plagas de cuarentena que podrían, incluso, hacer desaparecer el cultivo de cítricos en la Comunitat Valenciana es "muy elevada" y el secretario general de La Unió, Carles Peris, ha afirmado que "la Comisión Europea no puede esperar mas y debe tomar medidas urgentes y endurecer los protocolos de importación con medidas de control en origen, contingentes, aplicación del tratamiento en frío y unificar criterios aduaneros".
"No es de recibo que no se audite a aquellos que no lo hacen bien y ponen en riesgo la seguridad vegetal de la citricultura europea", ha agregado.
Por países, los cítricos procedentes de Sudáfrica son los que más interceptaciones han tenido, con un 21% de las mismas. Uruguay es el segundo, con casi un 16%, y en este caso, según la organización agraria, "las importaciones se deben revisar con lupa, puesto que tiene una elevada tasa de interceptaciones en función del poco nivel de cítricos que exporta".
Además, considera que otros países sobre los que se debería poner el foco son Argentina, China y Bangladesh, "que están en las mismas condiciones que Uruguay, poca importación de cítricos, pero mucha interceptación".
DATOS GLOBALES Y MEDIDAS
En los últimos cinco años (2015-2019), ha informado La Unió, se han detectado un total de 3.081 agentes nocivos que han entrado a través de diferentes productos y que podrían acabar o hacer inviable la citricultura valenciana, por lo que insiste en la necesidad de incrementar y mejorar las inspecciones fitosanitarias, "pero sobre todo que se exija o revise, en todos los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, las inspecciones en los países de origen y los tratamientos en frío para todos los cítricos que llegan a Europa"."Nos jugamos mucho y, además, los costes que se deberían de soportar serian infinitamente mayores que los destinados a la prevención posteriormente", asegura.
Por ello, propone una serie de medidas, entre ellas la prohibición de la importación de cítricos procedentes de zonas con plagas y enfermedades declaradas de cuarentena por la Unión Europea o la prohibición de importación de cítricos de terceros que tengan autorizada la utilización de materias activas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea.
Los acuerdos comerciales, a su juicio, deben contemplar la obligatoriedad que los países que exportan a la Unión Europea deben asegurar el estricto cumplimiento de las normas fitosanitarias de la Unión Europea, y debe haber una unificación a nivel comunitario de los criterios y normas de inspección fitosanitarias en frontera.
También aboga por establecer la obligatoriedad del tratamiento en frío para las importaciones de países terceros con plagas de cuarentena y según los criterios que establezca la Unión Europea y no los que trasladen estos países terceros. Para una protección efectiva de los consumidores, se debe eliminar el nivel máximo de residuos (LMR) predeterminado general para pesticidas de 0,01 mg/kg y establecerse en 0 mg/kg para los pesticidas no autorizados en la Unión Europea.