La 'distorsión' de la Transición Ecológica de Madrid en València

• Donde el Puerto ve "seguridad legal" ampliar sin DIA, otros ven posibles "delitos"; a la espera del Ministerio
• La ampliación de la V-21 o la pérdida de 62.000 m² de Horta Valenciana para siempre
• El Gobierno Central desoye las Corts y mantendrá Cofrentes hasta 2030 pese al fin de licencia en 2021

Los asuntos de Medio Ambiente, en el Gobierno de España, comenzaron 'disueltos' en otros ministerios, como los de Agricultura, sin denominación particular. Ya en el 93, aparece como apellido en Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. El último ejecutivo formado, ahora en funciones, de Pedro Sánchez, quiso simbolizar la importancia de esta materia con una nueva denominación; Ministerio para la Transición Ecológica. Una materialización, según el Presidente del Gobierno, de "concretar" políticas concretas hacia la sostenibilidad. Una declaración de intenciones, sin embargo, que no impide en València la destrucción de 60.000 metros cuadrados de Horta tradicional productiva, o que dicho Ministerio se pronuncie sobre la ampliación del Puerto sin Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Dos meses y medio sin respuesta

Ayer saltaba a la actualidad la imputación de dos directivos del proyecto Castor por delito ambiental. Un plan para crear un depósito estratégico y artificial de gas natural que se realizó sin una evaluación de impacto ambiental y que generó una actividad sísmica en el entorno cercano que llevó a su paralización. "No queremos más chapuzas como las del Castor, que se hacen rápido y mal, que terminan en los tribunales", señaló el Diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví. Señalaba así lo que su formación, en especial desde València con el alcalde Joan Ribó, considera necesario: una nueva DIA para la ampliación norte que pretende el Puerto de València. Una cuestión sobre la que, pese a las demandas, no se ha pronunciado el Ministerio de Transición Ecológica.

El pasado dos de agosto la Consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, envió al Ministerio una carta para que se pronunciase sobre el tema. Según ha confirmado la misma Conselleria ayer, dos meses y medio después, no ha respondido al Govern sobre algo que, aseguran también asociaciones como la de vecinos de Natzaret o Litoral per al poble, podrían causar un daño ecológico y aumentar la afectación del puerto sobre las playas del sur, ya crítica.

En rojo, demoliciones. En verde, construcciones. En amarillo, relleno de tierra.

Según argumenta Aurelio Martínez, el director de la Autoridad Portuaria de València, con la lectura de la Ley de Declaración, "no se cumplen los requisitos para tener que realizarla de nuevo". Argumentó que, además, la posible redacción de esta sería un proceso largo que pondría en riesgo la gran inversión que quiere realizar la empresa MSC en el puerto, respecto a una nueva terminal de contenedores. Según señaló en una rueda de prensa, ninguno de los seis supuestos detallados en la Ley, en el artículo 7, para exigir una nueva DIA se dan:

• Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
• Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
• Incremento significativo de la generación de residuos.
• Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
• Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
• Una afección significativa al patrimonio cultura.

Sin embargo, desde la asociación Comissió Ciutat-Port, integrada por diversas entidades sociales, no opinan igual. Cree que el aumento en un más de un 300% de los dragados que se van a realizar respecto a la anterior Declaración ya es motivo suficiente. Además, se suma la demolición de diversas infraestructuras tampoco contempladas anteriormente, como la de un contradique y construcción de otro. "La ejecución material de las obras previstas en el proyecto constructivo actual, y no contempladas en la declaración de impacto ambiental emitida en 2007, podrían constituir delito medioambiental en tanto que afectan a entornos sensibles y especialmente protegidos", aseguran.

Política valenciana desde el Congreso

Para Joan Ribó, el asunto pasa por una solución 'fácil'. Según ejemplificó, si "alguien está enfermo va al médico", y si se duda de una obra por su alta trascendencia medioambiental, se va al Ministerio. "Y si el Ministerio dice que no hace falta una nueva DIA, pues ya está, como si el médico me dice que no estoy enfermo", ha aseverado.

Expropiaciones V21.

No es el único asunto relativo al medioambiente que ha causado discrepancias entre la Administración central y valencianas. El Ministerio de Industria, con el valenciano José Luís Ábalos al frente -que fue concejal de la ciudad-, heredó un proyecto del anterior ejecutivo popular para ampliar los carriles de la V21 a su entrada en València.

Pese a las reticencias de Compromís, el proyecto siguió adelante con un cambio en las exportaciones: de unos 80.000 metros cuadrados a 62.000. Algo no conciliable con el discurso medioambiental del PSOE estatal con una obra que destruirá tierra productiva, alquerías centenarias -el Forn de Barraca ya no existe-, y que el mismo Ayuntamiento de València, el principal afectado, señala que es "una ampliación innecesaria".

Josep Gavaldà, portavoz de la plataforma Per l'Horta, señaló que la entrada de la V21 en València funciona "como debe funcionar" y está lejos de estar "colapsada". Una argumentación que no comparten solo activistas, también el Servicio de tránsito de València. El Ayuntamiento, asociaciones e incluso técnicos cualificados dicen que no es necesario, pero Madrid sigue adelante y destruye Horta, a falta de oposición desde la Generalitat.