El pasado sábado la Central Nucleares de Cofrentes terminaba su recarga de combustible e iniciaba un nuevo ciclo de actividad de, aproximadamente, dos años. Así, la central continuará su actividad hasta, como mínimo 2021; sumará más de 10 años más de actividad que los recomendados por la Agencia Internacional de Energía. Algo que enlaza, además, con algunas acciones del Gobierno Central que apuntan a alargar todavía más la vida de las instalaciones; más allá de 2021, es decir, de la fecha inicial en la que acabaría y demandada por todos los grupos políticos valencianos de la anterior legislatura -excepto el Partido Popular-.
Sólo 10 días después de el último incidente registrado -por humo de una bomba de agua, que no causó problemas-, la Central Nuclear de Cofrentes inicia de nuevo su conexión a la red eléctrica nacional. Se trata de un proceso habitual, anual, en el que se renuevan los elementos que componen el núcleo, el 'corazón' de la central. En esta ocasión, se sustituyen 252 de los 624 elementos que lo componen. Se trata de una actividad programada, que entra dentro de la licencia actual de explotación. Según esta, la central puede estar operativa hasta marzo de 2021.
Aunque desde el Gobierno Central Teresa Ribera, la Ministra de Transición Ecológica, anunció 2028 como año en el que las centrales nucleares no funcionarían en el Estado, las acciones llevadas a cabo desde el ejecutivo sobre Cofrentes parecen indicar lo contrario.
Este Ministerio aprobó, hace tres meses, la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la Central de Cofrentes, que contempla un uso más allá de 2021. Es decir, más allá de la fecha en que, supuestamente, la Central ya no debía operar. Una acción que despertó las sospechas de Compromís, que a través de su representante en el Congreso, Joan Baldoví, preguntó a Ribera sobre la intención o no de prorrogar la actividad de la central.
El grupo no recibió respuesta de una acción que, de confirmarse, significaría 10 años más de explotación, es decir, hasta 2031. Esto es tres años más que la fecha prometida por el mismo Gobierno, pero también siete más que la 'vota útil ingeniera' de 40, y 22 más que lo recomendado por la Agencia Internacional de Energía.
Si se fragua la decisión y el Gobierno se contradice a si mismo, también estará desoyendo a las Corts; en 2017 Compromís, Podem y PSPV, los partidos del primer Botànic, aprobaron exigir al gobierno el cese de la central, para que no operara más allá del fin de licencia de marzo de 2021.