Ayer la Concejala de Acció Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, se reunió con los directores generales y ejecutivo del Consorcio València 2007, Vicent Llorens y Ramón Marrades. Un encuentro cuyo resumen es la búsqueda de una "acción conjunta". Una intención, sin embargo, que puede verse amenazada por la falta de deuda de La Marina e, incluso, la cesión temporal de sus espacios por parte de la Autoridad Portuaria de València (APV).
La Marina arrastra una deuda de 370 millones de euros que, a diferencia de otros grandes eventos en el país -Juegos Olímpicos de Barcelona o la Exposición Universal de Zaragoza-, no ha sido asumida por el Estado. Algo que ya a finales de 2018 el todavía en funciones Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió resolver por Real Decreto si no salían adelante los presupuestos. Sin embargo, los presupuestos no fueron aprobados y desde el ejecutivo socialista no se ha mantenido la promesa.
Embargo
Esta deuda, como señaló Llorens, es un elemento de "incerteza" en cuanto al futuro y las posibles acciones de La Marina. Según apuntó en declaraciones a Europa Press, el abandono del Gobierno de España puede acabar en una "sentencia firme" y a que "se embarguen las cuentas".Ibáñez señaló en la reunión la intención de "activar culturalmente" la ciudad de València a través de la zona marítima, que desde su apertura y 'democratización' tras la Copa América de 2007, se ha convertido en unos de los espacios más visitados del Cap i Casal. Una intención que, aseguran, comparten desde el Consorcio, para lo que se crearía "un protocolo de relaciones con el Gobierno local específico".
Sin financiación pública
Otro de los problemas que puede afectar al futuro de este espacio abierto al público son las concesiones. Los espacios actualmente bajo el mando del Consorcio son cedidos desde la APV; se realizó una 'cesión' a 35 años desde 2007 por la que se pagan, anualmente, 800.000 euros. Desde el ente reclaman que "lo que gestiona el consorcio" no debe volver a la APV. Significaría la reversión de espacios públicos y abiertos a la ciudadanía.
Pese a esto, desde ambas instituciones se muestran optimistas y con intención de "generar una red de relaciones institucionales directa y fluida". Llorens cree que la situación de la deuda, que es el gran problema actual -les impide optar a financiación pública por cualquier vía-, se resolverá pues es una apuesta común de la mayoría de partidos de la ciudad y las Corts. Quieren que se traslade la imagen de que "València mira al mar".