La concejala de Desarrollo Económico Sostenible y Turismo, Sandra Gómez, ha aplaudido la sentencia que vuelve a dar la razón a la Generalitat en la «lucha por que las plataformas de viviendas incluyan el número de registro en los anuncios». «Es una buena noticia que respalda las acciones de control y regulación que estamos desarrollando tanto desde la administración autonómica como desde el Ayuntamiento de València», ha remarcado.
En este sentido, ha recordado que ambas administraciones trabajan para que la Policía Local y los inspectores de la Generalitat colaboren en el control y sanción de los apartamentos turísticos ilegales de la ciudad, en la inspección de todas las plataformas que siguen en activo e incumplen la normativa autonómica.
Gómez ha puesto en valor que la entrada en vigor de la Ley de Turismo «ha frenado» las inscripciones de pisos turísticos en el registro de la Generalitat al contemplar como requisito para poder tramitarse el informe de compatibilidad urbanística.
Ha señalado que el registro autonómico recoge que en la ciudad de València hay 5.725 apartamentos inscritos y ha puesto en valor que en el último año «sólo se han solicitado 80 informes de compatibilidad de los que 13 han obtenido 13 resoluciones favorables, 18 negativas y el resto están en curso».
Asimismo, ha señalado que las restricciones establecidas por Urbanismo en Ciutat Vella son «más restrictivas que las que ha aprobado Madrid», ya que «elimina la compatibilidad del residencial con apartamentos y hoteles en casi todo el distrito, y en la parte que se permite ha de ser en edificios completos y guardando una distancia entre sí de 150 metros», ha puntualizado.
Ha recordado que en el Cabanyal «se fija, además de los criterios del PGOU, una restricción adicional que establece un máximo del 10% por manzana y entre un 30 y 40% en primera línea del barrio frente al mar», aunque ha precisado que por parte a delegación de Urbanismo «ya se ha comprometido a revisar a la baja ese porcentaje en la primera línea».