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“Es necesario avanzar hacia una Ley de Igualdad lingüística para la normalización del uso del valenciano”

La Ley de Usos y Enseñanza del Valenciano ha cumplido 35 años

“Es necesario avanzar hacia una Ley de Igualdad lingüística para la normalización del uso del valenciano”
26/11/2018 -

35 años de la Ley de Usos y Enseñanza del Valenciano. El pasado viernes, 23 de noviembre, esta ley, que entraba en vigor en 1983 con el objetivo de regular los derechos de los ciudadanos a utilizar el valenciano y la obligación de las instituciones a hacer que estos derechos se cumplan, soplaba las velas, además, gozando de buena salud. Y es que esta ley, que sigue estando en vigor, ha regido la enseñanza del valenciano de varias generaciones, pero también el trabajo de las distintas Administraciones.

Sin embargo, y tal y como ha explicado Manel Carceller, delegado de la Plataforma per la Llengua, “es necesario avanzar hacia una ley de normalización lingüística. Esta ley es muy positiva y ha sido muy importante para el despliegue del valenciano por la sociedad y en las administraciones, pero la realidad ha cambiado mucho desde 1983. Esta ley no habla de las nuevas tecnologías, de las empresas privadas, de la promoción del valenciano en la sociedad, ni contempla una asignación presupuestaria para la promoción de la lengua. Por este motivo, apoyamos la iniciativa que surgió de las universidades públicas y entidades culturales, como Acció Cultural y Escola Valenciana, de crear una ley de Igualdad Lingüística para conseguir esa normalización del valenciano tan necesaria”.

Esta Ley de Igualdad Lingüística, que desde el mundo cultural se propuso al mundo político, cuenta con 30 artículos o medidas para todos los ámbitos de la sociedad, entre las que se encuentra la publicación en valenciano de todos los avisos y textos de las administraciones públicas; la creación del Consell Social de la Llengua para promocionar el uso del valenciano; o la capacitación en valenciano como condición indispensable para trabajar en la función pública.

Una petición que también comparte Intersindical Valenciana que, en su día, explicaba que “el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua oficial de su elección en igualdad de condiciones no puede fundamentarse en que el castellano sea un requisito y el valenciano un mérito”. Asimismo, matizaba que “la normativa no plantea la introducción de la capacitación lingüística con un contenido uniforme, sino que prevé una diferente graduación del conocimiento del valenciano en función al puesto de trabajo y en proporción a las funciones a realizar”.

Y es que como regula la actual Ley de Usos y Enseñanza del Valenciano, “todos los ciudadanos tienen el derecho a dirigirse y relacionarse con la Generalitat, con los Entes Locales y demás de carácter público en valenciano”. Así, Intersindical hacía hincapié en la idea de que “la exigencia de un determinado grado de conocimiento de valenciano sea extensiva a todos los empleados porque el derecho a la libre elección de lengua oficial va más allá de la atención directa a la ciudadanía”.

En este punto, Plataforma per la Llengua especifica la necesidad de que “en la próxima legislatura, para la Generalitat, la normalización lingüística tiene que ser uno de los puntos del programa del Gobierno porque, hoy en día, no hay igualdad entre el valenciano y el castellano. Aunque teóricamente nos encontremos con una doble oficialidad, la realidad es diferente. Y es que no solo es importante la presencia de la lengua en el sector de la Administración, sino que es fundamental que forme parte del día a día de la sociedad porque el valenciano es la lengua de un pueblo, forma parte de nuestra identidad”.

El varapalo del Tribunal Superior de Justicia

Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulaba once artículos del Decreto 6/2017 de la Generalitat que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración pública. De esta manera, dejaba sin efecto once artículos que daban un uso destacado del valenciano sobre el castellano en las notificaciones, rotulación de edificios y comunicación entre los empleados públicos y con la ciudadanía.

El más polémico, sin duda, fue este último. Y es que, aunque garantizaba el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con la administración, no consideraba la obligación de que el personal de la Generalitat tuviera que iniciar la atención con los particulares en valenciano. Una puntualización que desencadenó, de nuevo, la polémica entre aquellos sectores que consideran fundamental que se priorice el valenciano para promocionar esta lengua y conseguir una auténtica normalización.

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