Las Corts Valencianes han aprobado esta mañana, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en la Comisión de Industria, la propuesta de Compromís para prestar, en coordinación con el IVAJ y dependiente del SERVEF, un servicio de atención y protección de los derechos laborales para luchar contra la precariedad de los trabajadores de empresas 'bajo demanda' o de 'gig economy', como por ejemplo Deliveroo y Glovo.
Según la diputada de Compromís, Marian Campello, "estas empresas, mediante aplicaciones móviles, principalmente, y casi sin personal propio, prestan un servicio de reparto a domicilio a otras empresas interesadas. Es en esa condición de 'casi sin personal propio' donde reside la precariedad laboral más absoluta, de la que las personas jóvenes somos la gran masa precarizada y víctima de las malas prácticas empresariales".
Así, "nuestro objetivo con esta propuesta ha sido conseguir la unanimidad para poder acabar con las pésimas condiciones de trabajo de este colectivo que, desgraciadamente, se ha convertido en la punta de lanza de la precariedad laboral. Hablamos de extremos como que las empresas del sector obligan a los trabajadores a estar como falsos autónomos, además de las variaciones en los precios que cobran, encontrando diferencias según las ciudades. Por ejemplo, mientras en Madrid es de 4,50 euros, en Valencia la diferencia de precio puede llegar a una merma del 40 por ciento sobre lo que se cobra en Madrid".
"Desde Compromís consideramos que hoy, con la aprobación de esta propuesta, se corrobora que el debate se tiene que centrar sobre si el crecimiento económico se puede construir o no sobre las espaldas y las bicicletas de las clases populares. Por eso hemos propuesto una serie de medidas como reforzar la inspección de trabajo e investigar la relación de estas empresas con sus trabajadores y trabajadoras autónomas, las sanciones que aplica la empresa sobre el personal que no cumple con los objetivos, el recorte de libertad de los y las trabajadoras o el método de facturación".
"Para conseguirlo, es necesaria una mayor coordinación entre las administraciones y las personas en precario, para dotarlas de herramientas que les permitan denunciar su situación. Y desde las Corts instamos al Gobierno central a cumplir lo que pide la Unión Europea en materia de regulación de este tipo de actividad económica, tal y cómo recoge la resolución que el Parlamento Europeo dictó el pasado 15 de junio sobre economía colaborativa instando a los Estados miembros a garantizar unas condiciones laborales justas, además de una adecuada protección jurídica y social para todos estos trabajadores y trabajadoras", ha concluido la diputada Marian Campello.