Con esta decisión se da cumplimiento al acuerdo del 1996 Reglament d’Ús i Normalització del Valencià en el Ayuntamiento, que fue aprobado por unanimidad de los partidos con representación en aquel momento en el Consistorio (Partido Popular, Unión Valenciana, PSPV-PSOE y Esquerra Unida). Tal como ha recordado la delegada de Desarrollo Humano, Consol Castillo, “dicho reglamento establece que el topónimo de la ciudad se adecuará al valenciano, que según marca el Estatuto es la lengua propia de la Comunidad Valenciana”.
La propuesta no ha sido respaldada por los grupos de la Oposición: PP y Ciudadanos, quienes han asegurado que el procedimiento seguido no es el adecuado, e incluso, en el caso del Grupo Popular, ha anunciado su intención de recurrir la decisión plenaria. El concejal del PP Cristóbal Grau ha denunciado la falta de informes técnicos que avalen la medida, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha asegurado que esta decisión “no une, sino que separa a los valencianos”. Por su parte, la regidora Consol Castillo ha hecho referencia al informe hecho por el Gabinete de Normalización Lingüística del Ayuntamiento e incluido dentro de la moción impulsora.
La concejala Castillo, además, ha recordado a los distintos grupos políticos que la propuesta no hace sino recoger lo indicado en un acuerdo que en su día secundaron todos los partidos de la Corporación, con sus correspondientes informes, y ha lamentado que pese a que la Oposición“ha votado en todo momento a favor de adecuar el topónimo de la ciudad al valenciano, ahora se ponen de perfil por oscuras intencionalidades partidistas”.
Tal como establece el Decreto 58/1992 del Gobierno valenciano, que regula estos procedimientos, el acuerdo de alteración del nombre del municipio debe seguir los siguientes trámites: en primer lugar, exposición al público por el plazo de un mes para que se puedan formular alegaciones. Después, resolución de las que hayan sido presentadas, y envío del expediente a la Conselleria de Administración Pública. Una vez visto el expediente y los informes justificativos sobre la alteración de denominación, la Conselleria solicitará informe al órgano competente en materia de política lingüística.Castillo ha recordado que la autoridad en materia lingüística, tal como dice el Estatut d’Autonomia de la Comunidad Valenciana, la tiene la Academia Valenciana de la Lengua, “por lo que nosotros –ha añadido- no vamos a hacer ahora de lingüistas”.
Ante las acusaciones del Grupo Popular de que la decisión plenaria se asienta únicamente sobre “un borrador firmado por el alcalde”, la delegada Castillo ha explicado que los técnicos expertos del Gabinete de Normalización Lingüística del Ayuntamiento han realizado un informe sobre las alegaciones recibidas en el Consistorio. “Y nosotros –ha afirmado la concejala- no tenemos nada que decir sobre el trabajo hecho y bien hecho por parte de los funcionarios. Los valoramos, y mucho”.
Finalmente, a la petición de que se establezca una doble denominación, Consol Castillo ha recordado que esto ocurre en las capitales donde se habla el euskera. En el resto de ciudades de España donde se habla una lengua románica, la denominación de la ciudad es única en la lengua propia de cada territorio. “Valencia está muy orgullosa de tener una lengua propia –ha concluido la concejala-y los valencianos y las valencianas también”.