La Unió de Llauradors ha denunciado este lunes que los agricultores de la comarca valenciana de La Ribera siguen esperando "algún tipo de solución" por parte de las administraciones, tanto en forma de ayudas como de arreglo de las infraestructuras dañadas por la gota fría que afectó a la zona hace tres meses y medio.
Según ha informado la organización agraria en un comunicado, las pérdidas directas fueron estimadas en su día por parte de La Unió en más de 10 millones de euros tanto en La Ribera Baixa como en la Alta. La zona más afectada comprendía unas 1.100 hectáreas de cultivo de cítricos, caquis y hortalizas y las localidades más damnificadas fueron Almussafes, Alginet, Benifaió, Sollana y Sueca.
La Unió recuerda que la gota fría, con precipitaciones acumuladas de hasta 500 litros, originó daños a principios de noviembre en infraestructuras agrarias como caminos, márgenes, invernaderos o sistemas de riego, así como en almacenes agrícolas, entre otros.
Desde esa fecha hasta ahora, según la organización, "poco o nada se ha reparado", como ha comprobado tras recorrer las zonas afectadas, una evaluación que ha permitido determinar que las dificultades para efectuar la actividad agraria normal en el campo prosiguen.
Asimismo, denuncia que tampoco se conoce nada acerca de las medidas urgentes que solicitó a todas las administraciones en aquella fecha y que hacían referencia a la concesión de ayudas, la reducción del módulo del IRPF, la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social durante un año, préstamos con interés subvencionado y también una serie de actuaciones y ayudas para las cooperativas comercializadoras afectadas.
La Unió pidió a la Genralitat un paquete de ayudas para reparar infraestructuras y daños en explotaciones agrarias y también ayuda para la compra o reparto gratuito de productos fungicidas; al Gobierno le instó la concesión de ayudas a los ayuntamientos afectados para reparar las infraestructuras agrarias dañadas: caminos agrícolas, sistemas de riego, invernaderos; préstamos a interés cero para agricultores y ganaderos afectados o indemnizaciones para hacer frente a los gastos de campaña con objeto de tener ingresos para afrontar las nuevas cosechas.
En el apartado fiscal y de Seguridad Social reclamaba la exención del 50% de las cuotas de la Seguridad Social durante seis meses, la reducción de los módulos fiscales para la próxima campaña de la renta en las explotaciones afectadas y compensar a los ayuntamientos que apliquen la exención del pago del IBI rústico y de los bienes afectos a la actividad agraria.
En este último aspecto también conminaba a los Ayuntamientos afectados a la exención del pago del IBI rústico y de los bienes afectos a la actividad agraria, así como agilidad en la reparación de las infraestructuras agrarias de su competencia para evitar problemas a la hora de acceder a las explotaciones.
Sin embargo, lamenta que, pese a las peticiones realizadas "con carácter de urgencia", "nada se ha hecho durante este periodo de tiempo transcurrido", lo que asegura que ha "desatado el malestar entre las personas afectadas por si al final se quedan en el olvido y ni se reparan ni se compensan de ningún modo las pérdidas".