La rápida actuación del Ayuntamiento y la Diputación impide la marcha de una familia de Bufali y salva el colegio de su cierre

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Con apenas 175 habitantes, la gran mayoría personas mayores, para el pequeño municipio de Bufali, en la comarca de La Vall d’Albaida, contar con una escuela en la localidad que evite que las familias con niños en edad escolar se tengan que marchar es quizá su mejor apuesta para asegurar el futuro de la población. Esto supone en ocasiones tener que alterar las prioridades municipales y hacerlo, como acaba de ocurrir recientemente, con un escaso margen de tiempo e implicando en ello a varias administraciones.

Que se lo digan a su alcaldesa, Estefanía Mollà, quien en apenas dos meses y con ayuda de la Diputación de Valencia ha tenido que buscar la manera de proporcionar una vivienda a una familia para evitar que este matrimonio y sus tres hijos tuvieran que marcharse del pueblo, lo que habría dejado el colegio público con tan sólo cuatro alumnos, por debajo del mínimo necesario para mantenerlo abierto.

No ha sido ésta la primera vez que el Ayuntamiento de Bufali se ha enfrentado a la amenaza del cierre del colegio. El año pasado, el centro estuvo a punto de quedarse con tan solo dos alumnos y para evitarlo, el consistorio decidió difundir una oferta de trabajo con el objetivo de atraer a familias con hijos menores, a las que además de trabajo se les facilitaría el acceso a una vivienda. Como resultado de aquel proceso, dos nuevas familias, con cinco hijos pequeños en total, cuatro de los cuales estaban ya en edad escolar, se instalaron en la localidad, asegurando la permanencia del centro escolar durante varios años.

O al menos eso parecía, pues este verano la imposibilidad de una de las familias de continuar en la casa que tenían alquilada y la inexistencia de otros inmuebles para alquilar en la localidad, puso en serio peligro su permanencia en Bufali, amenazando, por tanto, la apertura de la escuela para el curso que se tenía que iniciar en septiembre. Según explica Estefanía Mollà, “en julio nos comunicaron que el dueño de la casa necesitaba rescindir el alquiler porque tenía que ir a vivir allí, lo cual era perfectamente comprensible, y aunque pensamos que podríamos encontrar otra vivienda lo cierto es que, por más que buscamos, no hubo manera”.

Ante esta situación, la primera edil sólo vio una solución posible: que el ayuntamiento asumiera la compra de una casa para transformarla en vivienda social y la pusiera a disposición del matrimonio y sus tres hijos a cambio de un alquiler. “Ellos no se querían marchar, porque tienen su trabajo, están completamente integrados en el pueblo y sus hijos han hecho amigos y son felices aquí; y nosotros no podíamos permitirnos que se fueran porque eso hubiera provocado que el colegio se quedara sólo con 4 alumnos, ya que de los 6 que hay, dos son hijos de esta familia y nos lo hubieran cerrado”, relata Estefanía Mollà.

El consistorio necesitaba alrededor de 40.000 euros, lo que permitiría comprar una casa y reformarla de forma que la familia pudiera entrar a vivir en ella. Sin embargo, el ayuntamiento sólo podía afrontar esta cantidad si destinaba a este fin el grueso de las ayudas del Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS) del que a Bufali le corresponden 64.453 euros, y para ello necesitaba de la implicación de la Diputación de Valencia, que debía realizar un expediente de modificación de las actuaciones aprobadas y hacerlo además rápidamente.

“No teníamos mucho margen de actuación, y encima estaba el verano por medio, pero afortunadamente el presidente de la Diputación comprendió la situación enseguida y desde su gabinete llevaron a cabo toda la tramitación en un tiempo récord”, explica la alcaldesa, quien asegura que sólo puede tener palabras de agradecimiento “para Jorge Rodríguez y las personas que trabajan en la Diputación de Valencia, ya que sin su ayuda seguramente este año nos hubieran cerrado la escuela”.

Afortunadamente, tal como recuerda Estefanía Mollá, la existencia del segundo plan de Inversiones Financieramente Sostenibles impulsado por la corporación provincial, que en este 2016 se ha destinado a los municipios de menos de 5.000 habitantes, permitirá que se puedan llevar a cabo las obras que en un principio el consistorio iba a realizar con el PPOS, y que iban a servir para renovar las instalaciones eléctricas del alumbrado público de varias calles y reformar la Font de la Bassa. “Aunque teníamos claro que el colegio era la prioridad, y para ello era imprescindible adquirir y reformar esa casa, también necesitábamos realizar estas otras obras, así que es una gran satisfacción ver que no hemos tenido que renunciar a ellas”.

En estos momentos, en las aulas de la escuela de Bufali reciben cada día sus clases seis pequeños, dos de tres años, otros dos de seis, uno de siete y otro más de 11 años, que el próximo curso escolar pasará al instituto. Sin embargo, con dos bebés más en la localidad, y otros dos que está previsto que nazcan en los próximos meses, la permanencia de este centro está, por el momento, garantizada.

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