La Diputación y el Ayuntamiento de Alaquàs dialogan sobre Memoria Histórica

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Recientemente ha tenido lugar una reunión entre la diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, con la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, y con el concejal de Cultura, Antonio Saura Martín. El Ayuntamiento ha mostrado una voluntad firme de recuperar los restos de los vecinos de su municipio víctimas de la represión franquista y ha solicitado asesoramiento a la Diputación para poder llevar a cabo esta actuación. Según sus estimaciones, habría entre 5 y 8 fusilados en la Fosa 112. “Al final lo que queremos es que los cuerpos vuelvan a casa, que se restaure la dignidad y que se cumpla el derecho a saber de las familias”, ha declarado la alcaldesa del municipio.

Con ese objetivo, desde hace tiempo están en contacto directo con los familiares, algunos de los cuales se han asociado, y han venido a reunirse con la Vicepresidenta 4ª de la Diputación para informarse acerca de las previsiones que maneja la Corporación provincial respecto a la convocatoria de subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria histórica, cuya línea 1 corresponde a la indagación, localización, exhumación, identificación y traslado de los restos de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o durante la represión política y social posterior.

Pérez Garijo ha informado que, previsiblemente, la resolución de la primera convocatoria del 2017 se incluirá en la próxima Junta de Gobierno para su aprobación y que, inmediatamente, se tramitará la segunda convocatoria, fruto de la ampliación de crédito aprobada en julio de 2017 para atender las crecientes peticiones de los Ayuntamientos, que desbordaron en más del doble las previsiones iniciales.

“La Diputación es la primera y única administración valenciana que está subvencionando la exhumación de fosas comunes. Tenemos una deuda con la sociedad”, ha indicado la diputada de Memoria Histórica Rosa Pérez. La responsable de las políticas memorialistas ha insistido además, que se trata de una deuda “no sólo con los familiares de las víctimas, sino con la sociedad”.

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